Las televisiones públicas son necesarias, pero no las que tenemos

La cifra es significativa. El presupuesto total de RTVE para 2025 es de 1.200 millones de euros, pero ese dinero no le da para cubrir todos los gastos y ha tenido que pedir a Hacienda 60 millones más, aunque solo le transfirió 40 millones. En el haber del equipo presidido por José Pablo López hay que poner que está consiguiendo controlar el gasto, a pesar del fuerte aumento de la inversión en producción ajena.

Todo ello tiene un objetivo: hacer que la televisión pública vuelva a competir por la audiencia, después de años de languidez, en la que ha descendido hasta cotas un poco vergonzantes, si tenemos en cuenta que, en España, la televisión pública está planteada desde el punto de vista de los contenidos, como una cadena que lucha por atraer al mayor público posible, como si fuera una privada. En este sentido, la gestión de López también se empieza a notar y algunos programas de TVE se están empezando a colocar entre los más vistos en sus franjas.

Pero es un sentir casi general que López está consiguiendo este renacer de TVE convirtiéndola en un protagonista del debate político sesgando sus contenidos a favor del Gobierno. Periodistas como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Javier Ruiz o comunicadores como Andreu Buenafuente o Gonzalo Miró son rostros que se han significado anteriormente a favor de la izquierda política cuando trabajaban en medios privados y ahora lo siguen haciendo con más ahínco quizá desde la televisión pública.

Por ejemplo, tiene poca explicación periodística que pocos días después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, una de las preguntas que hizo Silvia Intxaurrondo al ministro Óscar Puente en su programa fuera “ministro, ¿cómo hacen ustedes frente a la campaña de intoxicación que está en marcha”.

Y en cualquier facultad de periodismo enseñan que cuando el entrevistado debe dar explicaciones de una situación complicada y se despide de su entrevistadora –de nuevo Intxaurrondo– con un “gracias, así da gusto” es que esa conversación ha tenido muy poco de periodística. Hablo de Televisión Española, que es la que llega a todo el territorio nacional. pero el panorama es similar en la mayoría de las cadenas públicas autonómicas.

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Vuelvo al principio. ¿Hay que cerrar las televisiones públicas y dedicar ese dinero a partidas más provechosas? Desde luego, tal y como están ahora tienen poca justificación, pero eso no quiere decir que haya que eliminarlas. El objetivo debe ser luchar para que cumplan con su función.

Veamos. En 2013, RTVE perdió 113 millones de euros y su entonces presidente Leopoldo González-Echenique elaboró un Plan de Eficiencia que planteaba el cierre de Teledeporte, un canal claramente deficitario y cuya audiencia no superaba el 0,9%, con poco más de 100.000 espectadores. En agosto de 2014 se anunció que el canal se cerraría el 31 de diciembre de ese año. La decisión generó un tremendo malestar. Primero, entre los trabajadores de RTVE, porque significaba despidos. Pero donde la protesta fue generalizada fue en casi todos los estamentos deportivos.

La desaparición de Teledeporte significaba que todo el deporte minoritario se quedaba sin un altavoz fundamental. Suponía que muchos patrocinadores iban a retirar su dinero de deportes que hasta entonces tenían su pequeña ventana y se iban a quedar sin esa repercusión. Ninguna cadena privada iba a transmitir competiciones de remo, waterpolo, fútbol-sala o balonmano, especialidades con poco tirón social a pesar de que España es una potencia en esas modalidades. Ni que decir tiene qué podía pasar con el deporte femenino, que desaparecería casi totalmente de la televisión.

Al final se impuso la cordura y Teledeporte se mantuvo en emisión. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo de la función social que tiene una televisión pública. Promover el deporte minoritario en el país es una labor importante a la que merece dedicar dinero del presupuesto público. Mucho más que a un concurso de los cientos que hay o una tertulia sobre el mundo del corazón que apenas aporta.

Por canales como Teledeporte tienen razón de ser las televisiones públicas. Hay cantidad de información clave que no llegaría a los ciudadanos si solo existieran las privadas. Un debate parlamentario importante, las ruedas de prensa del Consejo de ministros, información electoral, comunicaciones de servicio público, determinadas actividades culturales relevantes –¿alguna privada transmitiría el espectacular acto de entrega de los premios Princesa de Asturias? –…

Las televisiones públicas son necesarias. Las televisiones públicas que tenemos –casi todas, desafortunadamente– sobran. Es imprescindible reconducirlas y para ello basta con que los políticos quieran hacerlo. Pero tal como está el panorama, no vayamos a exigir ahora a nuestros gobernantes rectitud de intención y altura de miras.