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Crisis climática: cuando las cifras del pasado obligan a replantear el futuro
El CRI es una herramienta que clasifica a los países según los efectos que han sufrido por fenómenos meteorológicos extremos. Utiliza datos de la base internacional EM-DAT, mantenida por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, y combina para cada país seis indicadores: número de fallecidos, fallecidos por cada cien mil habitantes, personas afectadas, personas afectadas por cada cien mil habitantes, pérdidas económicas absolutas y pérdidas económicas relativas al producto interior bruto.
El resultado es una puntuación que permite comparar la gravedad de los impactos entre países en dos escalas temporales: el periodo largo de 1995 a 2024 y el año concreto de 2024.
Germanwatch recuerda que no se trata de un indicador de futuro, sino de una forma de ordenar episodios que ya se han producido. Aun así, ese pasado reciente está directamente vinculado a la dinámica de la crisis climática. El propio documento abre la sección de resultados con una idea clara: las consecuencias del cambio climático son visibles en todo el mundo, con una intensidad creciente de muchos fenómenos extremos.
Los datos muestran, por ejemplo, que las tormentas concentran la mayor parte de las pérdidas económicas asociadas a estos episodios, con más de 2,6 billones de dólares en daños entre 1995 y 2024, mientras que las inundaciones superan 1,3 billones en ese mismo periodo. Los demás tipos de eventos (sequías, olas de calor, incendios forestales y otros fenómenos como olas de frío o deslizamientos de tierra) completan el cuadro, pero con cifras absolutas inferiores.
Treinta años de extremos
En la serie histórica que abarca de 1995 a 2024, el Índice de Riesgo Climático sitúa a Dominica, Myanmar y Honduras como los tres países más afectados por eventos extremos, seguidos de Libia, Haití y Granada, Filipinas, Nicaragua, India y Bahamas.
Dominica aparece en primera posición por unas pérdidas económicas relativas al producto interior bruto extraordinariamente elevadas. Como pequeño Estado insular del Caribe, la combinación de huracanes muy intensos y una base económica limitada hace que cada gran impacto tenga un efecto desproporcionado sobre su economía.
Myanmar registra 55 episodios en tres décadas, la mayoría inundaciones, que han provocado cerca de 141.000 fallecidos, más de nueve millones de personas afectadas y más de 8.600 millones de dólares en daños económicos ajustados por inflación.
Por su parte, Honduras combina un número elevado de fallecidos por cada cien mil habitantes, un porcentaje alto de población afectada y pérdidas económicas absolutas significativas, todo ello en un contexto de elevada vulnerabilidad socioeconómica.
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Más allá de la lista concreta de países, el CRI subraya un patrón estructural. En el grupo de veinte países más afectados en el periodo 1995–2024, solo uno pertenece al grupo de renta baja según las clasificaciones internacionales, diez se sitúan en la categoría de renta media/baja, cinco en renta media/alta y únicamente cuatro en renta alta.
Es decir, la mayoría de los países más golpeados por estos fenómenos pertenecen a segmentos de renta baja o media/baja. Entre ellos se encuentran varios países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, que combinan una exposición física intensa con capacidades de respuesta y recuperación mucho más limitadas.
La fotografía de 2024 confirma esta tendencia. Entre los veinte países más afectados ese año se cuentan cinco de renta baja, ocho de renta media baja, cinco de renta media alta y solo dos de renta alta. En la parte alta del ranking aparecen, entre otros, San Vicente y las Granadinas, Granada, Chad o Papúa Nueva Guinea. España aparece en el puesto veinte, mientras que en el ranking de 2023 estaba en el séptimo.
El CRI describe con detalle algunos de los episodios que explican estas posiciones. El huracán Beryl, por ejemplo, golpeó a varias islas caribeñas en 2024, entre ellas Granada, donde causó víctimas mortales, miles de personas afectadas y más de doscientos millones de dólares en daños. En África, países como Chad sufrieron inundaciones de gran escala que afectaron a cientos de miles de personas y se sumaron a crisis humanitarias previas asociadas a conflictos y a inseguridad alimentaria.
El documento introduce además una distinción que ayuda a interpretar los rankings. En algunos países, un único episodio extraordinariamente intenso domina el resultado de varias décadas, como ocurre con ciertos huracanes en el Caribe o con el ciclón Nargis en Myanmar. En otros casos, lo que aparece es una acumulación de amenazas recurrentes que, año tras año, van dejando un rastro de pérdidas.
La sección de interpretación de resultados subraya que la crisis climática está entrando en una fase crítica y menos predecible, en la que se rompen de forma repetida récords de temperatura del aire y del mar, así como registros de extensión del hielo.
La crisis climática está entrando en una fase crítica y menos predecible, en la que se rompen de forma repetida récords de temperatura del aire y del mar, así como registros de extensión del hielo.
Ciencia de atribución y una crisis que se acelera
El CRI 2026 incorpora de forma explícita el estado actual de la ciencia de atribución, la disciplina que estudia hasta qué punto el cambio climático de origen humano influye en fenómenos extremos concretos.
Así mismo, cita el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para recordar que existe un alto grado de confianza científica en que el calentamiento causado por la actividad humana ya está afectando a muchos extremos meteorológicos y climáticos y que estos impactos conllevan pérdidas y daños generalizados para las personas y los ecosistemas.
Más allá de esa síntesis, Germanwatch recoge una revisión reciente de más de seiscientos estudios de atribución que han analizado cerca de setecientos cincuenta episodios concretos. La conclusión de ese metaestudio es que, en torno al 74%de los casos examinados, el cambio climático ha aumentado la probabilidad o la intensidad del evento.
En el propio año 2024, los análisis de atribución han permitido evaluar, por ejemplo, el papel combinado del fenómeno El Niño y del calentamiento global en episodios de inundaciones y sequías que afectaron a distintos continentes. Durante ese año, el cambio climático inducido por la actividad humana añadió 41 días adicionales de calor peligroso para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ese incremento se tradujo en un verano de 2024 catalogado como el más caluroso registrado, con unos dos mil millones de personas expuestas a más de treinta días de calor considerado de riesgo.
Aunque la ciencia de atribución ha avanzado mucho, el informe admite que el sistema climático entra en una fase en la que algunos procesos son más difíciles de prever. A esta complejidad se suman carencias de datos. Es más fácil disponer de registros detallados en países de renta alta que en muchas economías de renta baja y media, donde hay menos estaciones meteorológicas y la información sobre desastres es incompleta.
El cambio climático inducido por la actividad humana añadió 41 días adicionales de calor peligroso para millones de personas en todo el mundo.
De los riesgos a las decisiones de política y financiación
La última parte del CRI 2026 sitúa estos resultados en el contexto de la política climática internacional. Germanwatch enlaza el mapa de impactos con tres grandes brechas que siguen abiertas: la brecha de emisiones, la brecha de adaptación y la brecha de financiación.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el documento recuerda que el calentamiento y los extremos asociados siguen intensificándose. Aunque un solo año por encima del umbral de 1,5oC respecto a los niveles preindustriales no supone por sí mismo un incumplimiento del Acuerdo de París, las tendencias actuales apuntan a que la superación permanente podría producirse en la década de 2030 si no se reducen de manera rápida y profunda las emisiones.
En financiación, se señala que el objetivo de movilizar cien mil millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo solo se alcanzó en 2022 y que aproximadamente un tercio de esa cantidad se destinó a adaptación, frente a unas necesidades estimadas de entre 215.000 y 387.000 millones de dólares al año para medidas de adaptación.
Una parte importante de esos flujos se canaliza en forma de préstamos, incluso en condiciones cercanas al mercado, lo que incrementa la carga de deuda de países que ya están muy endeudados y reduce su margen para invertir en resiliencia.
Por otro lado, a medida que la crisis climática avanza, las pérdidas que no pueden evitarse mediante mitigación o adaptación crecen y se concentran en poblaciones que ya eran vulnerables. El Fondo para responder a Pérdidas y Daños (Loss and Damage Fund) se presenta como una pieza necesaria, pero aún insuficiente, dentro de un sistema de apoyo que debería incluir ciclos periódicos de reposición, acceso directo a los recursos para comunidades afectadas y una integración clara con los objetivos de adaptación.
En conjunto, el CRI 2026 combina la descripción de fenómenos físicos con información sobre las condiciones sociales y económicas de los países analizados. Para quienes toman decisiones en gestión empresarial y sostenibilidad, el informe aporta una base cuantitativa sobre dónde se concentran los impactos y cómo han evolucionado en las últimas décadas, útil para situar la exposición de cadenas de suministro, activos y mercados en un contexto de riesgo climático cada vez mejor documentado.
