Suelo sano, cuentas claras: Europa obliga a medir, restaurar y valorar la tierra

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo calcula que el 62% del territorio comunitario padece erosión, compactación o pérdida severa de carbono orgánico, lo que reduce cada año entre 50.000 y 95.000 millones de euros en productividad agrícola, daños por inundaciones y emisiones evitables de CO₂, un importe que supera el presupuesto de Horizon Europe, el gran programa europeo de I+D.

Añadir un punto porcentual de materia orgánica puede aumentar la reserva de agua del suelo en torno a unos 150.000 litros por hectárea y capturar entre una y tres toneladas de CO₂ por hectárea y año. Sin embargo, la urbanización y el laboreo intensivo han reducido esa “esponja” natural en el peor momento de la variabilidad climática.

Desde 2026, los informes de sostenibilidad sometidos a la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) deberán reflejar riesgos materiales de suelo, y la taxonomía verde ultima un capítulo específico sobre este recurso.

Contar con inventarios verificados y un plan de mejora sólido será requisito para acceder a financiación preferente. La directiva se convierte, además, en el brazo jurídico de la misión “A Soil Deal for Europe”, que fija 2050 como meta para disfrutar de suelos plenamente sanos.

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Del laboratorio al planteamiento urbano

La Directiva establece en su Anexo I una batería de descriptores obligatorios (por ejemplo, pH, densidad, carbono orgánico, conductividad eléctrica, nitrógeno total y parámetros de biodiversidad) que los Estados deberán medir y comparar.  También, prevé que cada Estado establezca una red de vigilancia permanente. Para ello podrá apoyarse en los servicios Copernicus y en los conjuntos de datos del Observatorio Europeo del Suelo.

Antes de finales de 2029, los Estados publicarán su primer conjunto de mapas nacionales con pH, densidad, microfauna y presencia de sustancias Per- y Polifluoroalquiladas (PFAS), nitratos o metales pesados. Paralelamente, el registro de suelos contaminados clasificará antiguas zonas industriales y vertederos como de riesgo inaceptable, elevado o moderado.

Con la vista puesta en 2030, la Estrategia de la UE sobre el suelo anima a que aproximadamente un 30% de las superficies degradadas entren en restauración activa. Cada país priorizará cuencas de abastecimiento, tierras agrícolas de alto valor o entornos peri industriales y aplicará agricultura regenerativa, revegetación de riberas o biorremediación con plantas hiperacumuladoras.

El sellado urbano, es decir, cubrir el suelo con asfalto u hormigón y dejarlo impermeable, deberá compensarse. Si se construye un nuevo parque logístico sobre tierra fértil, las autoridades deberán renaturalizar una superficie equivalente para que, en conjunto, no se pierda suelo productivo en el país y se avance hacia la meta europea de no pérdida neta en 2050.

Los valores de sellado y retirada de suelo deberán actualizarse al menos cada tres años y publicarse con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Si un Estado se retrasa, la Comisión podrá iniciar un procedimiento de infracción.

Cuando el suelo entra en las cuentas de resultados

El primer síntoma de la nueva normativa en el mercado inmobiliario se ve reflejado en los informes de viabilidad que acompañan a las compraventas, y que incluyen cada vez más análisis de químicos PFAS y metales pesados, siguiendo guías de diligencia debida y la norma ISO 14015 de Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones.

Varios bancos con políticas verdes (Triodos, GLS o Nordea) han comunicado que no financiarán proyectos en terrenos con contaminación grave si el cliente no presenta provisiones y un plan de saneamiento. El desembolso inicial aumenta, pero reduce el riesgo de litigios y retrasos urbanísticos.

En el campo, la Comisión ha avanzado que la reforma de la Política Agraria Común para 2028-2034 dará mayor peso a prácticas que aumenten el carbono orgánico, aunque los detalles normativos todavía se están negociando. Mientras tanto, varias cooperativas de Castilla y León y Emilia-Romaña prueban sistemas piloto para determinar los incentivos económicos que se pagan a cada agricultor según el desempeño ambiental de su parcela con imágenes del satélite Sentinel-2 y sensores de humedad.

En cuanto a la industria, los estudios de impacto ambiental nacionales ya obligan a evaluar cómo afectan los parques solares o los grandes centros logísticos al suelo. La Directiva europea prevé reforzar ese examen para garantizar que, tras el desmantelamiento, la capa fértil quede restaurada. Algunos contratos de construcción en el norte de Europa incluyen ya cláusulas de descompactación y monitorización durante varios años, aunque todavía no es una exigencia generalizada.

En lo que respecta a las cadenas globales, empiezan a asomar requisitos voluntarios de suelo: firmas como Bunge en soja y Nestlé en cacao han comenzado a formalizar acuerdos de suministro que piden análisis de carbono orgánico y compactación en las fincas de origen. Al mismo tiempo, en Dinamarca se está probando el uso de drones espectrométricos y sensores NIR cuyos resultados se registran en la cadena de bloques mediante el proyecto AgriLedger DK, aún limitado a unas pocas explotaciones.

Estas experiencias apuntan a un posible “pasaporte de suelo” basado en datos abiertos, pero por ahora funcionan como iniciativas privadas y no como condición regulatoria de acceso al mercado europeo.

Una hoja de ruta que convierte la restauración en negocio

Persistir en la degradación de los suelos cuesta cada año el equivalente aproximado a medio punto del PIB comunitario, según cálculos de la Comisión.

Restaurar, por su parte, promete rendimientos netos. Un meta-análisis global publicado en Global Change Biology estima que prácticas como biochar (un carbón vegetal estable que se obtiene al someter restos de poda o estiércol a pirólisis y luego se incorpora al suelo para fijar carbono y mejorar la fertilidad), agro-silvicultura o cubiertas vivas (mezclas de plantas que se siembran entre cosechas para proteger el suelo, aportar materia orgánica y capturar carbono) podrían generar unos 120.000 millones de euros anuales en beneficios agrícolas a escala mundial, de los cuales la Unión Europea aspira a capturar una parte sustancial.

Para ello, la Comisión ha incluido en el borrador del Marco Financiero 2028-2034 una línea “resiliencia del suelo” dentro de InvestEU. Esa línea, aún por aprobar, podría movilizar hasta 25.000 millones de euros en préstamos y garantías del Banco Europeo de Inversiones, orientados a proyectos de compostaje, recuperación de lodos urbanos, biochar o restauración de humedales de turba.

Entre 2026 y 2027 los Estados deberán poner en marcha sus redes de vigilancia y cargar los primeros datos, y antes de diciembre de 2029 publicarán los inventarios auditados. A partir de entonces, la Comisión prevé actualizar las normas de la CSRD para que las empresas incorporen la información de suelo a sus informes de sostenibilidad, una vez existan indicadores armonizados y verificados.

Por otro lado, el Reglamento europeo de certificación de absorciones de carbono (CRCF) distinguirá tres categorías de certificación: remoción permanente (almacenamiento geológico), almacenamiento prolongado en productos (por ejemplo, biochar en materiales de construcción) y un bloque específico de carbon farming (prácticas agrícolas y forestales que aumentan y conservan el carbono en suelos y biomasa).

Cuando la Comisión apruebe la metodología de este último (previsiblemente en 2027), las fincas que demuestren un aumento neto de carbono orgánico podrán empezar, a partir de 2028, a recibir certificados que equivalen cada uno una tonelada de CO₂ almacenada en el suelo. Esos certificados se revisarán cada cinco años: si en la auditoría se comprueba que el carbono se ha perdido, el agricultor tendrá que compensarlo con nuevas absorciones o comprando certificados equivalentes.

Esos certificados o créditos, comercializables en mercados voluntarios o elegibles para ayudas públicas, crearán una fuente de ingresos adicional para los agricultores capaz de costear prácticas como la siembra directa o el riego eficiente, aunque el reglamento no impone un destino concreto para los fondos.

Como ejemplos de innovación que acompañan a toda esta nueva normativa, en España se está desarrollando un gemelo digital de la cuenca del Guadalquivir que integra erosión potencial, huella hídrica y carbono, y un consorcio agroindustrial del Piamonte italiano estudia lanzar el primer “bono suelo” respaldado por aumentos verificados de materia orgánica.