Cuando la ciudadanía toma la palabra para desbloquear la política

Ambos respondieron a la llamada del Ayuntamiento de Tolosa, que convocó una asamblea ciudadana para preguntar a un grupo de residentes qué podía hacer el consistorio para mejorar la salud y el bienestar emocional en el municipio.

Sobre por qué se puso en marcha esta iniciativa, José Maria Villanueva, concejal del Partido Socialista (PSE) en el Ayuntamiento de Tolosa, explicaba la raíz del problema: “Todos estamos preocupados por el distanciamiento entre la administración de las instituciones públicas democráticas y la ciudadanía. Intentamos que la democracia no sea una cosa que hacemos cada cuatro años, sino continuamente. Buscar nuevos sistemas de gobernanza. Este es un proceso innovador y pionero”.

En esas mesas, donde experiencias distintas se cruzaban, no hubo consignas, solo personas corrientes. “El primer día creo que fue difícil para todos”, señala Alba Rosa, “pero los ponentes eran muy profesionales, nos dieron toda la información, y el trato entre compañeros fue fantástico”. La pluralidad, lejos de ser una barrera, permitió conocerse y entenderse. Al terminar, Álvaro Atorrasa cree que gracias a esta experiencia descubrió otra realidad en su propio pueblo: “Cada uno vive dentro de su comodidad y bienestar, pero debemos admitir que en el portal de al lado puede haber problemas, y entender eso fue interesante”.

Más allá del voto: una respuesta a los bloqueos actuales

Las asambleas ciudadanas, que durante mucho tiempo fueron un experimento puntual en algunos países, empiezan a utilizarse como una herramienta eficaz para abordar dilemas controvertidos y de largo plazo.

Aunque puedan parecer recientes, la deliberación ciudadana tiene raíces históricas. En la Grecia clásica, el sorteo (kleroterion) permitía que cualquier ciudadano asumiera responsabilidades políticas, garantizando una participación equitativa. La política no se concebía como una profesión reservada a unos pocos, sino como un deber compartido.

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El modelo actual recupera ese espíritu mediante un diseño técnico preciso: primero se envían miles de invitaciones aleatorias y después se realiza un segundo sorteo para garantizar diversidad de edad, género, territorio y formación. El resultado es un pequeño grupo que actúa como espejo de la sociedad, incorporando voces que normalmente no están en los espacios donde se toman decisiones estratégicas.

Esta respuesta surge ante un diagnóstico crítico del sistema. Las encuestas muestran que, aunque la mayoría de la población española sigue considerando la democracia como el sistema político preferible, la satisfacción con su funcionamiento cotidiano es baja. Según el CIS, más del 79% prefiere la democracia y casi el 87% afirma que es mejor que cualquier alternativa. Sin embargo, esa valoración choca con la percepción de las instituciones y la clase política.

La ciudadanía no cree que los políticos tengan en cuenta su opinión: según el CIS, un 73% dice tener poco poder sobre lo que hace el Gobierno y un 60% sostiene que tiene pocas posibilidades de manifestar su opinión a los grupos políticos. Un 87% considera necesario crear o ampliar nuevas formas de participación en asuntos y decisiones políticas.

A esto se suma la polarización: alrededor del 70% afirma que la crispación política ha aumentado respecto a hace un año, y una gran proporción percibe altos niveles de polarización en el debate público.

Este clima de desencanto y tensión no solo es un desafío simbólico: tiene implicaciones prácticas, porque aleja a las personas de la política tradicional y cuestiona la capacidad del sistema para alcanzar acuerdos en problemas complejos que requieren soluciones compartidas. Es aquí donde las asambleas ciudadanas adquieren un papel de complemento funcional.

No se trata de sustituir la democracia representativa, sino de reforzarla cuando muestra sus límites. Ernesto Ganuza, sociólogo e investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, señala dos carencias principales. La primera es la calidad del debate y de las decisiones: las democracias representativas, condicionadas por ciclos electorales cortos y la confrontación partidista, a menudo carecen del tiempo y el espacio para reflexionar a fondo. En cambio, las asambleas ciudadanas ofrecen procesos más pausados: las personas reciben información contrastada, escuchan a expertos y deliberan durante más tiempo. Esto, explica Ganuza, permite que las recomendaciones estén mejor fundamentadas y sean más consistentes.

El segundo problema es la falta de inclusión. El sorteo permite que personas que nunca participarían en un foro político tradicional formen parte de la conversación pública. La política deja de ser solo terreno de profesionales y expertos para abrirse a la ciudadanía común.

El factor humano y la ética de la deliberación

Desde el punto de vista del funcionamiento, Hugo Aznar, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y experto en ética de la comunicación, introduce un matiz esencial. La deliberación tiene un componente informativo —acceso a contenidos rigurosos y equilibrados—, pero también un componente práctico: la disposición de los participantes. “Si los individuos no concurren al proceso con el ánimo de participar con buena voluntad, seguramente estará condenado al fracaso”, advierte. Recuperar el sentido de deliberar civilizadamente se convierte en un desafío en un contexto de confrontación constante.

En ese contexto opera Deliberativa, una asociación fundada en 2020 por Yago Bermejo y Arantxa Mendiharat para fortalecer la democracia mediante la deliberación ciudadana. La organización forma parte de un movimiento global impulsado por organismos como la ONU, la OCDE o la Comisión Europea. Según datos que maneja la entidad, aproximadamente el 85% de los procesos deliberativos que se organizan en el mundo se impulsan desde el ámbito local.

Arantxa Mendiharat recuerda que, aunque el movimiento deliberativo comenzó en los años setenta, ha crecido en las últimas dos décadas. Deliberativa busca adaptar estándares internacionales a cada territorio para crear “espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo que promuevan el acuerdo político con los grupos afectados y las partes interesadas”.

Metodología: la clave está en el diseño del proceso

Deliberativa parte de la premisa de que la ciudadanía debe tener un papel más activo en las decisiones públicas y que cualquier persona puede aportar experiencia y responsabilidad colectiva si se le ofrece un espacio adecuado.

Yago Bermejo aporta trayectoria en el diseño de espacios estructurados y una visión práctica de lo que funciona cuando las instituciones se abren a una participación real. Por su parte, Mendiharat se interesó por estos procesos tras observar en Francia cómo personas corrientes, elegidas al azar, podían deliberar con rigor sobre asuntos complejos. Para los impulsores de Deliberativa, no se trata solo de resolver problemas concretos, sino de reequilibrar la democracia para que la ciudadanía deje de ser espectadora y vuelva a sentirse protagonista.

La herramienta central son los llamados mini-públicos o asambleas ciudadanas: reunir a un grupo reducido que refleje el territorio y ofrecerle condiciones para debatir con profundidad.

El funcionamiento está cuidadosamente diseñado: a diferencia de los procesos participativos voluntarios, la selección se realiza mediante dos sorteos. En una primera fase se envían invitaciones aleatorias. Entre quienes aceptan, se realiza un segundo sorteo con un reparto equilibrado por perfiles (edad, sexo, localización geográfica, nivel educativo) y, en muchos casos, se incorpora también la posición previa o sensibilidad ante el tema para asegurar pluralidad de perspectivas. En determinados contextos se añaden criterios adicionales, como el lingüístico en comunidades con varias lenguas oficiales.

La diversidad del grupo es un indicador claro de calidad y, según Mendiharat, se cumple sistemáticamente cuando se activan estándares internacionales. Entre ellos figura la compensación económica a los participantes, que permite que personas con menos recursos o menos disponibilidad puedan formar parte del proceso.

La supervisión también es clave para garantizar independencia y transparencia. Un Comité de Seguimiento plural supervisa el proceso y presta especial atención a la información que se comparte. Este comité aprueba criterios de selección y el grupo de investigadores encargados de la evaluación independiente.

Además, se constituye un Grupo de Contenidos formado por expertos que representan diferentes sensibilidades. La calidad del debate se refuerza mediante la contratación de facilitadoras profesionales que aseguran que la discusión se oriente hacia la construcción de acuerdos.

Un aprendizaje crítico de estos años es saber formular la pregunta. Si es demasiado amplia, dificulta la deliberación en profundidad y se diluye el impacto; si es demasiado cerrada, se limita la capacidad real de decisión. En este punto, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial empiezan a jugar un papel complementario para procesar información y ayudar al sense making (estructuración de ideas), sin sustituir la deliberación humana.

Evidencias de impacto y casos de éxito

Medir el impacto de las asambleas ciudadanas es uno de los retos del modelo. Mendiharat reconoce que el seguimiento de las recomendaciones requiere recursos y continuidad institucional. Muchas de las cuestiones abordadas son de largo plazo y el entramado de políticas públicas es complejo. Además, en España los procesos realizados hasta ahora han sido, en cierto modo, experiencias piloto.

Existen precedentes que sirven de hoja de ruta. A nivel internacional, el caso irlandés sobre la regulación del aborto es una referencia: en un contexto de bloqueo político y fuerte polarización, 99 ciudadanos deliberaron y alcanzaron una amplia mayoría para una reforma que luego fue ratificada en referéndum. Para Mendiharat, este caso muestra cómo representantes electos, asamblea ciudadana y ciudadanía en referéndum pueden desempeñar roles complementarios.

En nuestro país, un ejemplo con resultados tangibles es la Asamblea Ciudadana sobre Medio Rural impulsada por la Diputación de Gipuzkoa entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Abordó una pregunta concreta: cómo garantizar la actividad agraria frente a la emergencia climática. A partir del envío de 15.000 cartas seleccionadas por sorteo, se conformó un grupo de 32 ciudadanos que elaboró propuestas como la compensación económica a propietarios rurales por servicios ecosistémicos.

La Diputación ha completado ya tres sesiones anuales de rendición de cuentas (noviembre 2023, junio 2024 y mayo 2025) para evaluar el cumplimiento de las 9 recomendaciones. El balance muestra un avance progresivo pero desigual: tras un inicio con varios puntos críticos en “rojo”, en 2025 la mayoría de acciones están en fase de ejecución –verde– o al menos iniciadas –naranja–, como muestra el cuadro siguiente.

Entre los avances más claros destaca la recomendación sobre el pago a propietarios rurales por servicios ecosistémicos, que ya se cumple, y la recomendación de convertir el sector primario en estratégico, cumpliendo estrictamente los plazos. En cambio, otras propuestas siguen sin completarse, como fomentar el producto local ajustando bonificaciones fiscales, que permanece estancada en “naranja” desde 2024 sin materializar beneficios reales.

El modelo se aplica también a retos urgentes que más preocupan a la ciudadanía. Un ejemplo son las Convenciones Ciudadanas sobre Vivienda, promovidas a nivel estatal y otros niveles territoriales desde abril de 2024, para abordar cómo garantizar el derecho a una vivienda digna mediante políticas públicas de largo plazo más allá de enfrentamientos partidistas. En este proceso, un grupo representativo de personas elegidas por sorteo trabaja con información, tiempo y recursos para formular recomendaciones sobre el uso del suelo, el acceso y el desarrollo de vivienda pública y privada, con el objetivo de sentar bases para acciones efectivas.

Otros proyectos como la Convención Ciudadana sobre Salud Mental en la Comunidad Valenciana han reunido a 70 ciudadanos para plantear cómo mejorar la atención y prevención en salud mental, drogodependencias y conductas adictivas, generando recomendaciones evaluadas por la administración regional y trabajando junto con universidades y organismos públicos. Asimismo, procesos como el Fòrum Jove BCN han dado voz a jóvenes de Barcelona (16 a 29 años) para debatir qué necesitan para desarrollar sus proyectos de vida, incorporando sus perspectivas al diálogo con el gobierno local.

Hugo Aznar destaca un impacto intangible pero fundamental: la mejora en la autoestima ciudadana. Los participantes se sienten escuchados y capaces de contribuir al bien común, un factor clave contra la desafección.

Límites y condiciones para la replicabilidad

Ningún mecanismo es perfecto. Ernesto Ganuza advierte que el riesgo más inmediato es la irrelevancia. Si no se puede comprobar el efecto de las recomendaciones sobre las políticas públicas, será difícil que el procedimiento avance y se consolide. La aceptación por parte de las élites políticas es una condición estructural.

Existen también límites temáticos. Arantxa Mendiharat señala que no son apropiados los asuntos meramente técnicos que requieren una solución especializada, ni los que exigen una única respuesta binaria cerrada o una decisión inmediata por urgencia. Tampoco deben usarse para legitimar decisiones ya tomadas de antemano.

La polarización y la desinformación son hándicaps, aunque esta última puede combatirse en el debate si hay voluntad de aceptar evidencias.

Finalmente, la replicabilidad requiere recursos, tiempo y cultura institucional. No basta con copiar el formato: es necesario cuidar cada elemento del diseño para maximizar legitimidad.

Poner en marcha este modelo con garantías necesita, en primer lugar, valor político para plantear públicamente un dilema controvertido. Asumir la respuesta que surja exige compromiso institucional.

En segundo lugar, requiere estándares mínimos sólidos: sorteo transparente, compensación económica, comité de seguimiento plural, provisión equilibrada de contenidos, facilitación profesional y evaluación independiente. Y, para evitar que quede en un gesto simbólico, debe existir un compromiso claro de seguimiento y rendición de cuentas .

En tercer lugar, es necesario vincular la pregunta deliberativa con palancas reales de decisión. Cuanto más centrada esté la cuestión y más claramente conectada con decisiones concretas, mayor será el impacto.

Por último, se necesita un ecosistema democrático que valore la deliberación. Iniciativas como el Plan de Parlamento Abierto del Congreso de los Diputados, o experiencias similares en otras ciudades europeas, muestran que estos procesos pueden integrarse en la cultura política. No todos los ciudadanos participarán, pero ofrecer la oportunidad ya es una señal de madurez democrática.

Deliberativa trabaja en ese terreno intermedio entre innovación institucional y cultura democrática. Su apuesta no es sustituir la democracia representativa, sino complementarla allí donde encuentra bloqueos. En un momento marcado por la aparente incapacidad de nuestros políticos para ponerse de acuerdo y por la complejidad de los dilemas colectivos, la pregunta que plantean es tan sencilla como exigente: si damos a la ciudadanía tiempo, información y condiciones adecuadas para deliberar, ¿seremos capaces de escuchar su respuesta?