El talón de Aquiles social europeo: cómo hacer atractivos los trabajos de cuidados

Por eso, la Comisión Europea abrió en junio de 2025 una consulta pública y una convocatoria para aportar evidencias con vistas a preparar un nuevo Plan de Acción, y el propio sector ha respondido con diagnósticos muy concretos, como el de la organización europea de empleadores sociales Social Employers.

Los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales incluyen derechos que dependen de que los cuidados y los servicios sociales funcionen cada día, como los cuidados de larga duración, la vivienda y la asistencia a personas sin hogar, y el acceso a servicios esenciales (incluida energía y transporte). Dicho de forma sencilla, el “contrato social” europeo no se entiende sin una red de servicios que funcione en el día a día.

El problema aparece cuando se mira quién sostiene esa red. En su contribución al nuevo Plan de Acción, Social Employers estima que el sector de los servicios sociales emplea alrededor de 10 millones de personas en la UE y advierte de dificultades persistentes para cubrir puestos y retener profesionales.

Por su parte, Eurofound, una agencia de la UE especializada en condiciones de vida y de trabajo, analizó datos de la Encuesta sobre la Estructura de los Salarios (una estadística armonizada que permite comparar remuneraciones entre países) y concluyó que, de media, los salarios en cuidados de larga duración y otros servicios sociales se situaban en torno a un 21% por debajo del salario horario medio nacional.

En cuidados de larga duración, el núcleo duro del problema, Eurofound aporta además una fotografía laboral que ayuda a entender por qué retener es tan difícil. En la UE trabajan 6,3 millones de personas en ese subsector y la falta de personal ya está afectando la prestación en áreas concretas. A eso se suma un patrón de empleo que complica la estabilidad: dos de cada cinco trabajadores lo hacen a tiempo parcial, aproximadamente el doble que el conjunto de la fuerza laboral.

El resultado es una paradoja: un modelo que declara derechos sociales ambiciosos, pero que depende de profesiones donde la combinación de sueldos, exigencia y organización del trabajo hace más difícil captar y mantener profesionales. Social Employers lo plantea abiertamente en términos de sostenibilidad del propio modelo social europeo: si el empleo no mejora, el sistema no escala.

Un sector esencial, crónicamente infravalorado

Los cuidados y los servicios sociales son, como es lógico, intensivos en trabajo humano. Lo que se presta no es solo un “servicio”, también es continuidad, vínculo, apoyo y atención en situaciones de dependencia o vulnerabilidad. Eso no se sustituye fácilmente y tampoco se improvisa con rotación permanente.

Y no es solo una cuestión de salarios. Social Employers insiste en que, en muchos países, la inversión insuficiente ha contribuido a mantener no solo las remuneraciones por debajo de la media sino a dejar poco margen para mejorar el resto de condiciones laborales.

Eurofound es explícito al señalar que las escaseces de personal están afectando la entrega de cuidados de larga duración en áreas específicas. Esto cambia la naturaleza del debate. Ya no es solo una mejora deseable, es un problema de capacidad que se traduce en calidad y disponibilidad.

Además, si el cuidado formal no llega, el sistema no deja de cuidar, sino que se desplaza hacia lo informal, normalmente en el entorno familiar. La OCDE, en su informe Social Economy in Europe de diciembre de 2025, cuantifica la escala. El valor estimado de las horas de cuidados prestadas por cuidadores informales equivaldría al 2,5% del PIB, por encima del gasto público medio en cuidados formales de larga duración (1,7% en 2019, según el propio texto).

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Propuestas concretas para el nuevo Plan de Acción

Con el proceso ya en marcha tras la consulta de 2025, la discusión se ha ido desplazando a lo importante: qué medidas pueden sostener de verdad los servicios sociales y de cuidados.

En su aportación, Social Employers plantea una agenda directa. Pide ampliar el acceso a servicios sociales de calidad, garantizar salarios justos y niveles seguros de personal, reforzar la formación y las oportunidades de carrera, y fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva donde siguen siendo débiles. También propone reforzar el seguimiento con indicadores y vincular más claramente la financiación europea a resultados sociales concretos, con prioridad a la sostenibilidad de la plantilla y a reformas en cuidados de larga duración.

En paralelo, la UE ya tiene instrumentos prácticos en marcha en el eje de capacidades. Un ejemplo útil es el Pacto por las Capacidades en Cuidados de larga duración. La Comisión explica que los socios de esa alianza se comprometen a formar al menos al 60% de la fuerza laboral del sector (3,8 millones de trabajadores) cada año hasta 2030, con foco en competencias (incluidas digitales) y en modelos de atención centrados en la persona. El objetivo declarado no es solo “dar cursos”, sino mejorar trayectorias profesionales, calidad del cuidado y atractivo del sector.

De fondo hay una idea sencilla. Si se quiere un sistema de cuidados robusto, hay que tratarlo como inversión social, no como un gasto que se intenta contener sin mirar el coste oculto. Social Employers lo plantea en términos de sostenibilidad del modelo europeo, y la OCDE aporta el recordatorio macroeconómico de que el cuidado informal ya representa una magnitud relevante, aunque no siempre visible en presupuestos.

Del marco europeo al terreno

La pregunta inevitable es qué cambia para quien gestiona servicios sociales (sector público, tercer sector o proveedores privados) y para quien los financia.

Aquí hay un hito muy concreto. El 26 de junio de 2025, empleadores y sindicatos (la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos –EPSU– y Social Employers) firmaron un marco de actuación para reforzar la retención y el reclutamiento en servicios sociales, precisamente para afrontar escasez persistente y alta rotación. Después, EPSU informó de que en noviembre de 2025 el comité sectorial entró en fase de implementación de las primeras prioridades del marco

Desde la gestión, el reto es conocido, aunque no sea fácil. La retención depende de varias piezas que tienen que encajar. En política pública, el punto sensible suele estar en cómo se financian y se contratan los servicios. La OCDE, al analizar el papel de entidades de economía social en cuidados, advierte de que los procesos de contratación pueden girar sobre todo en torno al precio mínimo, lo que presiona márgenes y reduce la capacidad de ofrecer condiciones laborales competitivas.

Por eso, si se quiere estabilizar plantillas y mejorar la calidad del servicio conviene mirar qué está pasando con el empleo que sostiene esas plazas, con indicadores simples (por ejemplo, rotación, vacantes, estabilidad contractual y ratios de personal) que permitan comprobar si las mejoras llegan al trabajo diario y a la atención.

Según el propio calendario de la Comisión, en 2026 el tema no está todavía cerrado. En el registro de seguimiento de la Comisión, actualizado el 22 de diciembre de 2025, el nuevo Plan de Acción para aplicar el Pilar Europeo de Derechos Sociales seguía listado como ‘previsto para el cuarto trimestre de 2025’. Es decir, en esa actualización aún no aparecía como una medida ya adoptada.

Y en ese mismo seguimiento se anuncian medidas previstas para 2026 que van en la misma dirección, como una estrategia contra la pobreza, el refuerzo de la Garantía Infantil y, hacia finales de año, una propuesta sobre empleo de calidad (“Quality Jobs Act”).

En la práctica, lo importante no es lo que se promete, sino lo que se sostiene. Europa puede seguir proclamando principios sociales, pero el contraste se ve en lo cotidiano. Si el empleo en cuidados se vuelve una opción laboral viable, el sistema gana capacidad real de cuidar. Si no, la presión se irá acumulando en los servicios y en las personas que dependen de ellos.