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Foto: CNSE.
Luz verde a los diplomas oficiales de lengua de signos: un hito para la igualdad lingüística
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha manifestado su satisfacción tras la publicación en el BOE del Real Decreto 262/2026, que establece los nuevos Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE). Esta normativa supone un paso histórico para el colectivo, al situar esta lengua en un plano de igualdad institucional con el resto de las lenguas del Estado y garantizar un sistema de acreditación oficial y estructurado.
La aprobación de este marco legal responde a una demanda largamente perseguida por el movimiento asociativo de personas sordas en España. Al alinearse con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), la lengua de signos española adquiere un estatus de idioma de pleno derecho, lo que facilita su normalización en todos los niveles de la Administración pública y la sociedad civil.
Para el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, este avance normativo aporta una seguridad jurídica sin precedentes en sectores críticos para la inclusión. “Estos diplomas permitirán aportar mayor orden y claridad en ámbitos como el educativo, el laboral y el administrativo, ampliando sensiblemente las oportunidades de acceso al empleo y a la formación de las personas sordas”, explica Suárez sobre el impacto directo de la medida.
Uno de los puntos clave del Real Decreto es la encomienda de la dirección académica al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Esta decisión asegura que la certificación no solo siga estándares internacionales, sino que también contemple adaptaciones específicas para colectivos con necesidades singulares, tales como la infancia sorda o las personas sordociegas.
Sin embargo, desde la CNSE se subraya que el desarrollo de este sistema debe ser coherente con la realidad del mercado laboral. Suárez advierte que, para puestos de trabajo que requieran un contacto regular con la comunidad sorda, la mera obtención del título debe complementarse con criterios rigurosos. “Es preciso que para optar a dichos puestos se sigan realizando las habituales pruebas de conocimiento que garanticen un dominio eficaz de la lengua”, señala.
La Confederación también ha querido poner el foco en la figura del profesional sordo especialista en lengua de signos. Este perfil, esencial como referente lingüístico y agente educativo, debe ser, a juicio de la entidad, el garante de la enseñanza dentro del nuevo sistema. Para la CNSE, la lengua de signos es inseparable de las personas sordas que han trabajado históricamente por su conservación y transmisión.
Roberto Suárez insiste en que la implementación del Real Decreto debe asegurar la participación activa de estos especialistas para evitar que la enseñanza pierda su esencia cultural. “La lengua de signos no puede entenderse sin las personas sordas que la enseñan y sostienen; sería de justicia saldar una deuda histórica con un colectivo que ha sido motor constante de su promoción”, afirma el presidente de la entidad.
Finalmente, la CNSE reitera su compromiso de colaboración con las administraciones para que el despliegue de esta normativa sea inclusivo y eficaz. La red estatal de enseñanza de la organización se ofrece como soporte experto para asegurar que cada paso que refuerce el estatus de la lengua de signos sea, al mismo tiempo, un avance real hacia una sociedad más justa, accesible y plural para todas las personas.
