El espejismo de los datos: por qué publicar información no es rendir cuentas

Uno de los objetivos del Plan es mejorar la transparencia de la información pública bajo la premisa del “derecho a saber, a entender y a participar”. Sin embargo, en la práctica, la transparencia de la gestión pública vive un debate mediático constante, especialmente en sectores donde el impacto sobre la vida cotidiana es inmediato. El transporte —y en particular el ferrocarril— es hoy uno de esos termómetros.

Desde finales de 2020, con la liberalización de la red ferroviaria para aumentar la oferta y fomentar la competencia, también se han multiplicado las quejas de agentes del sector sobre la adecuación del mantenimiento de infraestructuras. En periodos de alta demanda, como el verano, los problemas se hicieron más visibles: incidencias, retrasos y episodios de colapso que impidieron a muchos viajeros llegar en el tiempo y la forma esperados.

Pero el debate dejó de ser solo una cuestión de puntualidad cuando ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un trágico episodio que ha conmocionado a la opinión pública y ha reabierto con fuerza la discusión sobre el estado de las infraestructuras y su mantenimiento, y elevado la exigencia pública de explicaciones y responsabilidades.

El titular de Transportes, el ministro Óscar Puente, ha defendido en reiteradas ocasiones que la gestión del sector es transparente, en la medida en que existen portales públicos donde consultar datos e información del sector. Y es cierto: en la web de Adif puede encontrarse información sobre el estado de la red, y en el Portal de Contratación del Sector Público es posible acceder a licitaciones y adjudicaciones relacionadas con el mantenimiento.

La cuestión, sin embargo, es otra: ¿esa información permite a un ciudadano —no a un experto— comprender si el mantenimiento es suficiente, si las incidencias responden a un patrón, si el dinero ejecutado se traduce en mejoras medibles, y quién asume responsabilidades cuando el servicio falla? Publicar contratos y expedientes no equivale a rendir cuentas si no se ofrece una lectura comprensible de objetivos, resultados, indicadores, incumplimientos y planes de corrección.

Para entender mejor las claves de la transparencia en los portales de información pública y hasta qué punto permiten conocer la realidad de un sector, Revista Haz habla con Aram López , responsable de clientes de Gobierto, una plataforma especializada en transparencia y contratación pública que ayuda a administraciones y empresas a gestionar, analizar y mejorar sus datos de contratación

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Los desafíos de los portales públicos

La primera dificultad que enfrentan los ciudadanos al buscar información pública es, precisamente, localizar el portal que la contiene. Según explica López, con frecuencia estos sitios no están correctamente posicionados ni enlazados, lo que provoca que se pierdan en los buscadores generales debido a una falta de difusión adecuada.

A esto se suma la complejidad de consumir los datos publicados. La sobreabundancia de información puede generar una falsa sensación de apertura: en un escenario donde la Administración vuelca miles de documentos, bases de datos y expedientes en distintos canales, el ciudadano puede creer que tiene a su alcance todo lo necesario para evaluar la gestión pública. Sin embargo, la realidad es más compleja. Sin contexto, estructura ni una narrativa que explique el significado de las cifras, la transparencia se convierte en un espejismo.

Aram López lo resume con claridad: “La transparencia no consiste en publicar información, sino en hacerla comprensible”. Esto exige un esfuerzo adicional por parte de las instituciones para explicar el porqué de las decisiones, la ejecución de los contratos, los indicadores de evaluación de infraestructuras o los mecanismos para corregir fallos.

En el caso del transporte ferroviario, la información es abundante pero fragmentada. Adif publica datos sobre el estado de la red, pero carece de una lectura integrada que permita vincularlos con retrasos, incidencias o inversiones previstas. Asimismo, el portal de contratación ofrece miles de expedientes sin una guía clara que ayude a identificar cuáles son relevantes para evaluar el mantenimiento de la red o la calidad del servicio.

Según López, resulta fundamental “facilitar una interfaz para consumir esos datos de una forma más visual e interactiva que nos permita aproximarnos al conocimiento de lo que nos interese”. Aunque en este caso el foco sea la contratación pública, este principio debe aplicarse a toda la información del sector público.

En última instancia, la cuestión no es solo si los datos existen o si las administraciones cumplen formalmente con la Ley de Transparencia, sino si esa información permite, efectivamente, una rendición de cuentas real.

El reto de convertir datos en conocimiento público

Según el experto consultado, la transparencia efectiva exige algo más que portales actualizados: requiere una estrategia integral que permita transformar la información en conocimiento y este, a su vez, en control democrático. En este punto es donde, según López, la Administración aún tiene un largo camino por recorrer.

Tomando nuevamente el ámbito ferroviario como referencia, las claves fundamentales para avanzar son:

• Indicadores claros y comparables sobre el estado de la infraestructura.
• Series históricas accesibles que permitan analizar la evolución del mantenimiento a lo largo del tiempo.
• Explicaciones técnicas comprensibles sobre las causas de las incidencias.
• Datos abiertos y reutilizables que permitan a investigadores, periodistas y organizaciones independientes procesar la información sin barreras.

“Sin estos elementos, la ciudadanía se enfrenta a un rompecabezas incompleto. La transparencia, lejos de empoderar, puede acabar generando frustración o desconfianza”, afirma López.

Además, en muchos casos —como ocurre con el Portal de Contratación del Sector Público—, el usuario se ve limitado a un uso muy genérico de la información. Es decir, no se puede analizar o cruzar los datos según los intereses específicos de cada persona. López señala, por ejemplo, que la falta de usabilidad del portal estatal dificulta la detección de riesgos en la contratación, como la identificación de contratos recurrentes adjudicados sistemáticamente a un mismo proveedor o la repetición de patrones contractuales a lo largo de los años.

Por el contrario, el representante de Gobierto destaca que existen entidades muy comprometidas con la mejora de la usabilidad y comprensión de sus portales. Es el caso de la Generalitat de Cataluña, que realiza un esfuerzo notable por facilitar y visibilizar los datos de contratación, o de entidades locales como Riba-roja de Túria, Terrassa, Mataró y la Diputación de Castellón, entre otras.

Estas instituciones destacan no solo por superar el cumplimiento legal mínimo, sino por su empeño en dotar de visibilidad a la contratación pública, incluyendo información detallada sobre el uso de cláusulas sociales y ambientales o el número de prórrogas concedidas.

Otra de las asignaturas pendientes es la información sobre la ejecución de los contratos, que en los portales actuales suele ser escasa, de baja calidad y poco estructurada. Según López, esto se debe a la falta de recursos y de formación en los departamentos de contratación para ejercer un control adecuado. Aunque la propia Ley de Contratos establece que la contratación pública debe ser una herramienta estratégica de transformación, en la práctica se percibe una carencia de personal y de herramientas efectivas para convertir ese propósito en realidad.

Transparencia para entender la gestión pública

Tras una década de regulación en materia de transparencia, ha quedado claro que esta no es un fin en sí misma. Su verdadero valor reside en permitir que la ciudadanía comprenda cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se toman las decisiones y qué impacto real tienen en su vida cotidiana.

En sectores críticos como el transporte, esta comprensión resulta esencial, especialmente ante situaciones de crisis como la ocurrida tras el accidente de Adamuz. Ante un suceso de tal magnitud, el ciudadano se cuestiona las causas del desastre: ¿fue una falta de inversión?, ¿hubo problemas de coordinación entre operadores?, ¿se debió a fallos técnicos previsibles o a una ejecución deficiente de los contratos de mantenimiento?

La transparencia debería permitir responder a estas preguntas sin necesidad de ser un experto en ingeniería ferroviaria o en la lectura de pliegos de contratación. Sin embargo, la realidad es que el nivel de apertura en España aún no logra que la gestión pública sea lo suficientemente comprensible como para ser evaluada por el común de la sociedad.

El caso del transporte ferroviario es solo un ejemplo de un debate más amplio sobre la evolución necesaria de la transparencia en un contexto donde la Administración gestiona sistemas cada vez más complejos, digitalizados y automatizados.

Según López, el futuro pasa por cinco ejes fundamentales:

• Implementar una transparencia proactiva y contextualizada, en lugar de una puramente reactiva o documental.
• Publicar información orientada al ciudadano y no solo al perfil experto.
• Crear sistemas de datos interoperables que permitan conectar información que hoy se encuentra dispersa.
• Incluir evaluaciones independientes que complementen la información oficial.
• Adoptar narrativas públicas claras que expliquen el significado de los datos y por qué son relevantes.

La transparencia del siglo XXI no puede limitarse a abrir portales: debe abrir procesos, decisiones y criterios. Y, sobre todo, debe hacerlo de forma que cualquier persona pueda entender qué está ocurriendo y por qué.

“Si diseñamos la transparencia para que nos ayude a mejorar, no solo estaremos siendo transparentes, sino que estaremos optimizando todo: nuestros contratos, los proyectos, su ejecución y la gestión de la obra pública”, concluye López para la Revista Haz.