‘Lobbies’ bajo el foco: cómo la tecnología ilumina la influencia política

En los regímenes democráticos, el poder sin contrapesos se convierte en un arma que actúa en la sombra y debilita al ciudadano como centro de la gobernanza. Por eso, establecer controles rigurosos sobre los procesos de influencia —como los ejercidos por los lobbies— no es solo un ejercicio técnico, sino una condición de salud democrática. Cuando determinados grupos de presión actúan sin transparencia y no rinden las necesarias cuentas a nadie, se erosionan los principios de igualdad, participación y representación que constituyen el núcleo del sistema democrático. Cuando, además, este hecho se revela a la opinión pública, nace entre la ciudadanía una desconfianza que mina la legitimidad de las instituciones. Un reciente estudio comparativo en Canadá y Suiza halló que, incluso en países con altos niveles de confianza institucional, la percepción negativa del lobby era significativamente mayor cuando los ciudadanos consideraban que la regulación sobre su actividad era débil.

Para que el poder permanezca al servicio del interés general y no se transforme en mecanismo de corrupción u opresión, es imprescindible desarrollar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso público a cómo se toman las decisiones. Según datos del barómetro del Pew Research Center, en 24 países objeto de estudio la transparencia fue mencionada de forma recurrente como una de las tres principales mejoras necesarias para la democracia, junto con la honestidad y la eficacia institucional.

Los controles sobre los lobbies actúan como un contrapeso democrático. Su función es doble: primero, corrigen la desventaja que supone el enorme poder económico y la influencia de ciertos grupos privados. Segundo, y más importante, abren la “caja negra” de las decisiones políticas, permitiendo que la gente sepa quién y cómo influye en las leyes que después afectarán a su vida. Así, la capacidad de actuación de los ciudadanos va más allá de un voto cada cuatro años, ya que gracias a estas herramientas de control pueden auditar y exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones.

Un lobby o grupo de interés es una organización que tiene como objetivo influir en la elaboración de políticas públicas, leyes o decisiones administrativas en nombre de ciertos intereses particulares. Su origen es tan antiguo como las democracias modernas, cuando entidades privadas y colectivos sociales empezaron a ejercer como intermediarios entre el poder público y los ciudadanos para hacer valer sus derechos o defender los negocios de determinados colectivos. En la práctica, estos grupos realizan estudios, campañas de comunicación, encuentros con responsables públicos o aportan datos técnicos con el fin de influir en la elaboración de leyes o en los procesos de gobierno de un país.

En España, aunque todavía existe un vacío regulatorio considerable, los lobbies ya operan de forma habitual y están bajo el foco institucional y ciudadano. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid reveló que solo el 3,4% de los grupos de interés empresariales y profesionales publican sus cuentas anuales y figuran en registros oficiales, lo que evidencia que el grado de transparencia de su actividad es aún muy bajo.

Durante décadas, la actividad de los lobbies en España —y buena parte de Europa— se movió en una zona de penumbra entre la representación legítima de intereses y la influencia silenciosa. Hoy, sin embargo, la tecnología ha colocado un foco sobre esa frontera. Bases de datos online, registros automatizados, plataformas de verificación y hasta dashboards interactivos permiten rastrear quién se reúne con quién, qué empresas se sientan a negociar una normativa y cuánto dinero se mueve para inclinar una política pública en una dirección concreta.

Lo que hasta hace unos años era una tarea reservada a periodistas especializados y organizaciones muy determinadas, hoy puede seguirlo (en teoría) cualquier ciudadano con acceso a un navegador. La transparencia ha dejado de depender solo de la voluntad política, ahora también es una cuestión de disponibilidad tecnológica.

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El lobby: entre derecho legítimo e influencia opaca

Ninguna sociedad democrática funciona sin grupos de interés. Las empresas, los sindicatos, las asociaciones profesionales o las organizaciones ciudadanas necesitan hacer llegar sus posiciones al poder legislativo y ejecutivo. En un sistema pluralista, el lobby no es un problema en sí mismo —de hecho, en la UE su reconocimiento es explícito y está regulado—, sino la falta de trazabilidad y el desequilibrio: quién accede, con qué frecuencia y en qué condiciones.

En Estados Unidos, OpenSecrets lleva más de treinta años publicando datos sobre donaciones, gasto político y vínculos entre industria y legisladores. Europa tardó bastante más en construir un ecosistema similar: durante mucho tiempo, la interacción entre instituciones y grupos de interés en Bruselas fue tan difusa que se hablaba de “diplomacia corporativa” más que de lobby.

La presión de organizaciones cívicas y el avance de las políticas de datos abiertos han acelerado el cambio. El Registro de Transparencia de la UE, reformado en 2021, obliga a inscribirse a cualquier organización que quiera reunirse con responsables de alto nivel de la Comisión o el Parlamento. Ese registro alimenta hoy herramientas como LobbyFacts.eu, que permiten seguir el ritmo, el gasto y la intensidad de esa influencia.

España, sin embargo, ha llegado tarde a esa cultura de trazabilidad. Aunque algunas comunidades autónomas llevan años regulando los lobbies —Cataluña, pionera, lo hizo en 2014; Comunidad Valenciana en 2018; Navarra en 2019—, el registro estatal aún no tiene la madurez, el nivel de detalle ni la interoperabilidad de otros europeos. Por eso el protagonismo ha recaído en proyectos independientes impulsados por periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

La tecnología como lupa

Pero el verdadero avance que han permitido las herramientas tecnológicas no está solo en publicar los datos, sino en conectarlos para contar historias. Una lista de reuniones o de contratos públicos, por sí sola, no revela mucho; pero cuando se cruzan esas bases de datos con donaciones, nombramientos o cambios regulatorios, aparece una narrativa coherente sobre cómo opera la influencia. En este terreno, la tecnología y el periodismo de datos están transformando la vigilancia democrática en Europa.

Plataformas como LobbyFacts.eu, impulsada por Transparency International y Corporate Europe Observatory, ofrecen información detallada sobre el gasto, el número de reuniones y el tamaño estructural de los grupos de presión ante las instituciones de la UE. El EP Transparency Register Dashboard permite conocer en tiempo real las interacciones entre eurodiputados, empresas y organizaciones. La red Integrity Watch Europe, con versiones nacionales en España, Francia, Italia o Alemania, facilita comparaciones transfronterizas de buenas (y malas) prácticas. Y, desde un enfoque más periodístico, proyectos como OCCRP Aleph o Investigate Europe integran y analizan grandes volúmenes de datos públicos para exponer el poder corporativo y sus conexiones políticas.

En el caso español, seguir la pista del lobby sigue siendo un puzzle de piezas dispersas. El hecho de que no haya una única gran base de datos que centralice la información sobre quién influye en las decisiones públicas, hace que haya que ir reuniendo fragmentos a partir de un conjunto de portales, registros y plataformas cívicas.

A nivel institucional, el Portal de Transparencia del Gobierno de España publica las agendas, viajes y reuniones de ministros y altos cargos de la Administración General del Estado. Aunque es una herramienta oficial, los formatos en los que se recoge la información no están unificados, lo que complica el análisis automatizado de la información. En el ámbito regional, comunidades como Cataluña, Comunitat Valenciana o Navarra han desarrollado registros formales de lobbies acreditados, donde se detallan sus reuniones y temas tratados con la administración autonómica.

A diferencia de la Unión Europea, donde la vigilancia de los lobbies se articula desde las instituciones hacia la ciudadanía, en España ha sido la sociedad civil quien ha empujado al Estado a ordenar la información. De ahí que sean las plataformas independientes, y no los registros oficiales, las que hoy ofrecen una visión más completa del ecosistema de influencia.

Entre las más destacadas ya hemos mencionado Integrity Watch España, un proyecto de Transparency International, que permite consultar las reuniones de altos cargos con entidades privadas, así como declaraciones de actividades y posibles conflictos de intereses. Su comparación de datos ayuda a identificar posibles patrones de influencia política y empresarial.

Quién Manda, de la Fundación Civio, dedicó años a construir un mapa visual de las relaciones entre poder político y empresarial, dejando un valioso archivo histórico de vínculos e intereses compartidos. En declaraciones para Revista Haz, Eva Belmonte, directora de Civio, considera que aunque se ha avanzado en la publicación de agendas y datos sobre la actividad de los lobbies, aún falta un marco normativo sólido que garantice la rendición de cuentas. “Si la ley que finalmente se aprueba resuelve los problemas del proyecto de ley, sí puede ser un sistema real y efectivo de rendición de cuentas. Es importante que no haya excepciones, que quede muy claro sobre qué normas se pretende influir y cómo, y que eso se vea reflejado en la huella legislativa”, explica (Civio ha hecho pública su postura en este sentido: Regular el lobby sin un control independiente es una oportunidad perdida). A principios de 2025 el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria.

Belmonte subraya, además, la magnitud del vacío informativo que todavía existe en España: “Prácticamente toda la información sobre quién influye en las normas sigue siendo inaccesible. Con pequeñas excepciones en Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid o Córdoba, donde sí hay registros —aunque mejorables—, no sabemos nada sobre quién influye en las leyes. Absolutamente nada. Es una anomalía democrática y algo por lo que tanto la Comisión Europea, la OCDE y el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) llevan años presionando a España”.

Para ella, el problema no es la existencia del lobby, sino su opacidad: “El lobby no es malo. Lo importante es que todos sepamos quién influye en qué normas y cómo. Necesitamos ya una ley que regule este asunto y que haga transparente una realidad que existe y forma parte legítima de las democracias modernas”.

Aunque habría sido lo ideal, este cambio no ha nacido de una mayor voluntad política, sino de una confluencia de fuerzas sociales y tecnológicas. La primera procede de la ciudadanía, que desde hace más de una década reclama saber no solo qué decisiones se toman, sino también quién influye en ellas. A esta exigencia se ha sumado una segunda fuerza: la transformación del periodismo de datos, que permite hoy cruzar agendas oficiales, contratos públicos y huellas digitales con herramientas automatizadas. Y, en tercer lugar, la Comisión Europea ha situado la transparencia del lobby en el centro de su agenda de integridad democrática, incentivando que los Estados miembros adopten prácticas similares a las comunitarias.

Juntas, estas dinámicas están reconfigurando la relación entre poder público y observación ciudadana. Sin estos tres elementos, la mayor parte de las plataformas actuales no existirían o serían meros portales informativos. La transparencia en la actividad de los lobbies no es solo responsabilidad de las instituciones, sino una herramienta clave para que los ciudadanos puedan comprender, y si es necesario controlar, cómo se toman las decisiones que les afectan.