Más control y penas más duras: así es la nueva Ley de Integridad Pública

El texto aprobado articula un paquete de 84 medidas e implica la modificación de hasta 18 leyes, entre ellas seis leyes orgánicas. Con ellas se materializan los principales compromisos del Plan Estatal impulsado en el verano de 2025. La futura ley se basa en cinco grandes ejes: la prevención de riesgos, el fortalecimiento de los controles, la mejora de la investigación judicial, la recuperación de activos y la protección de los informantes. Estos principios cuentan con el aval de la OCDE, que ha colaborado estrechamente en el diseño de la norma.

Creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública

Una de las principales novedades es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta nueva autoridad administrativa se configura como el núcleo del sistema de lucha contra la corrupción. La Agencia integrará tres organismos clave: la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

La integración de estos organismos permitirá una mejor coordinación y una mayor eficacia en la detección de prácticas irregulares. Su presidencia tendrá rango de Secretaría de Estado, será designada mediante un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El mandato será único, de seis años y no renovable, lo que refuerza su autonomía frente al poder ejecutivo.

Mayor control y transparencia en los partidos políticos

El anteproyecto refuerza de manera significativa el control sobre la gestión económica de los partidos políticos y sus fundaciones. Todas las formaciones que reciban más de 50.000 euros de fondos públicos estarán obligadas a someterse a una auditoría externa independiente. Además, se reduce drásticamente el umbral para publicar la identidad de los donantes, que baja de los 25.000 euros actuales a solo 2.500 euros.

En el ámbito de la contratación, cuando un partido actúe como poder adjudicador, sus contratos se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público. Para asegurar el cumplimiento, se endurece el régimen sancionador: la falta de auditoría se considerará una infracción grave y la ocultación de donaciones podrá conllevar multas equivalentes al doble de la cantidad no declarada.

Tecnología y mapas de riesgo contra el fraude

La ley generaliza el uso de “mapas de riesgo” en todas las administraciones para identificar los ámbitos con mayor exposición al fraude, especialmente en la externalización de servicios públicos. Asimismo, se apuesta por la tecnología avanzada: la Plataforma de Contratación del Sector Público incorporará herramientas de big data e inteligencia artificial para identificar patrones anómalos en las licitaciones.

Otra medida destacada es que el registro de empresas con prohibición de contratar con la Administración pasará a ser público y accesible. Esto permitirá que cualquier ciudadano u órgano de contratación conozca qué empresas están inhabilitadas por prácticas corruptas.

Endurecimiento penal y devolución de lo robado

Para asegurar la efectividad de la norma, se introducen cambios relevantes en el Código Penal. Los plazos de prescripción de los delitos de corrupción se amplían de cinco a siete años y las penas de inhabilitación podrán alcanzar los 20 años. Además, se crean nuevos subtipos agravados para el delito de obstrucción a la justicia en casos de corrupción.

Una de las medidas de mayor impacto es la vinculación de los beneficios penitenciarios a la reparación del daño. Los condenados por corrupción no podrán acceder al tercer grado ni a la libertad condicional hasta que hayan reintegrado íntegramente las cantidades defraudadas con sus intereses. Esta reforma busca garantizar que la devolución de lo robado sea una prioridad absoluta.

Una estrategia integral con reto parlamentario

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública se encuadra en una estrategia transversal que incluye la futura Ley de Lobbies y la Ley de Administración Abierta. El objetivo final es garantizar que cada euro público se gestione con honestidad y eficacia, según señalan desde el Gobierno.

El Ejecutivo confía en que la norma sea aprobada antes de que concluya la legislatura. No obstante, la actual configuración del Parlamento y la necesidad de reformar múltiples leyes orgánicas anticipan una tramitación compleja en la que será necesario buscar un amplio consenso político.