“Nuestro fin último es dejar de existir como órgano garante de la transparencia”

Durante estos diez años, el Comisionado ha consolidado un equipo técnico cuya labor ha permitido que la totalidad de las instituciones canarias rindan cuentas de manera proactiva. Su sistema de autoevaluación se ha convertido en un referente para otras comunidades autónomas [vid. “Cómo han logrado las instituciones canarias rendir cuentas en lugar de ocultarlas”].

Hablamos con su actual titular, Noelia García Leal, para conocer su balance tras casi dos años en el cargo y su experiencia al pasar de ser evaluada —en su etapa como alcaldesa— a convertirse en la máxima autoridad que evalúa la transparencia en las Islas.

¿Cómo valora su trayectoria en la dirección del Comisionado de Transparencia de Canarias desde que asumió el cargo en mayo de 2024?

Ha sido interesante, porque siempre digo —entre comillas— que yo había “sufrido la transparencia” como sujeto evaluado cuando estaba en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (municipio de la isla de La Palma de la que fue alcaldesa), y conocía de primera mano las dificultades que tienen las entidades para cumplir con las obligaciones de transparencia, sobre todo en publicidad activa. Ahora tengo la posibilidad de organizar el Comisionado para que resulte más fácil para las entidades cumplir con esas obligaciones, que son muy importantes.

Además, me he incorporado a un equipo consolidado durante diez años, en el que el personal es lo más fundamental. Gracias a su experiencia acumulada, ha sido un proceso de relevo (muy interesante) muy fluido, porque me he subido a un coche que ya tiene velocidad de crucero.

En términos de transparencia, ¿cuál es la situación en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de Canarias?

En lo que respecta a los portales de transparencia, desde el inicio de la evaluación hemos visto cómo las entidades han ido mejorando paulatinamente la información que tienen que publicar y cómo esa mejora se ha consolidado a lo largo de los años.

Gracias a nuestro Índice de Transparencia de Canarias, que es una metodología propia y que, además, otras comunidades autónomas están intentando implementar, damos a las entidades un feedback de cómo se están comportando respecto a las obligaciones de la ley. Esto nos ha permitido constatar una mejora también en las entidades privadas que reciben fondos públicos. De hecho, el año pasado fue la primera vez que la media de las entidades privadas alcanzó el aprobado.

Es cierto que tenemos un alto índice de incumplimientos porque  entidades con fondos públicos no presentan la evaluación. Sin embargo, cuando nos ponemos en contacto con ellas, comprobamos que, más que negligencia o falta de voluntad de contestar, en muchas ocasiones se debe al desconocimiento y a la falta de recursos humanos para afrontar esa evaluación. Por este motivo, este año hemos puesto a disposición, sobre todo de las entidades más pequeñas, un enlace a través del cual puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia, porque en ocasiones les supone un coste excesivo mantener un portal de transparencia propio.

Por eso digo que han mejorado tanto las entidades públicas como las privadas. Además, en Canarias estamos inmersos en la modificación de la ley: el Gobierno de Canarias está elaborando una nueva norma de transparencia para endurecer las obligaciones, supongo que acorde a la realidad que vivimos, en la que la ciudadanía cada vez quiere saber más y conocer más.

¿Qué retos destacaría como los más importantes en el corto plazo para el Comisionado?

En el ámbito de la evaluación de la publicidad activa, uno de los retos es ser más exhaustivos con los sujetos obligados. En 2025 hemos incorporado nuevas entidades que, independientemente de la subvención que reciban, están obligadas a cumplir con la transparencia, como son los partidos políticos, los sindicatos y las patronales.

Otro reto importante es agilizar los procesos mediante herramientas metodológicas y la incorporación de la inteligencia artificial, de forma que suponga menos coste para las entidades y permita que la información esté actualizada en todo momento.

En cuanto al derecho de acceso a la información, hay que concienciar a las entidades de que es de obligado cumplimiento y, además, de que cuando un ciudadano solicita información se le debe contestar. Fíjense que el 90% de las reclamaciones que recibimos vienen derivadas del silencio administrativo por parte de las entidades.

En definitiva, nuestros grandes retos son seguir divulgando la figura del Comisionado, que para muchas personas aún es desconocida, y lograr que la ciudadanía sea consciente de la potente herramienta que tiene en sus manos para generar una ciudadanía crítica y responsable respecto a la información de las entidades públicas.

En relación con esto, ¿qué acciones tiene planeadas para impulsar el conocimiento del derecho de acceso y su ejercicio por la sociedad canaria?

Las entidades han hecho un esfuerzo importante poniendo mucha información en los portales de transparencia, pero ahora falta que la ciudadanía sepa que toda esa información está ahí para que actúe en consecuencia.

En comparación con otras comunidades autónomas, la ciudadanía canaria, porcentualmente, pregunta más. Pero lo ideal sería que este Comisionado tuviera conocimiento de todas las solicitudes de acceso a la información que se hacen en la comunidad autónoma, porque ahora mismo es un dato que no tenemos: es cada entidad la que gestiona sus solicitudes.

A nosotros solo nos llegan las reclamaciones cuando no se contesta; por lo tanto, no disponemos de un dato fidedigno sobre el porcentaje de reclamaciones respecto al total de solicitudes de derecho de acceso. Preguntamos a las entidades, pero las cifras no suelen coincidir: a veces nos dicen que no han recibido ninguna solicitud y, sin embargo, nos llega aquí la reclamación, con lo cual sí ha existido una solicitud de acceso a la información.

Ese es otro de nuestros retos: diseñar una metodología que nos permita conocer el volumen global de solicitudes de derecho de acceso para saber cuántas contestan las entidades y cuántas no.

En 2025 han incorporado por primera vez a sujetos como los partidos políticos, los sindicatos y la patronal. ¿Por qué se ha decidido incorporarlos?

Por la experiencia acumulada durante estos diez años de evaluación y siguiendo la práctica de ir incorporando progresivamente nuevos sujetos obligados, entendíamos que era un buen momento para incluirlos. En los próximos años seguiremos avanzando, con una “cirugía de bisturí” más fina, para agregar a otras entidades más pequeñas.

Debo decir que, en general, los partidos políticos y los sindicatos han recibido de buena gana estas obligaciones y, sobre todo, han mostrado mucha colaboración para cumplir con la transparencia. No me he encontrado ningún caso con obstáculos; al contrario, están pendientes, preocupados y con ganas de hacerlo bien.

Siempre digo que nosotros somos un órgano fiscalizador, pero, sobre todo, un órgano asesor para ayudarles a cumplir con las obligaciones que tienen como sujetos obligados.

¿Qué planes tienen para ayudar a las entidades menos cumplidoras a mejorar sus niveles de transparencia y mantener los buenos resultados?

Lo primero es contactar con ellas, porque en ocasiones sucede que entidades que estaban obligadas a presentar la evaluación no lo han hecho porque no se les convocó.

A veces desconocen que, si superan las cantidades de 100.000 euros o 60.000 euros, tienen la obligación de cumplir con esas obligaciones de transparencia. Por lo tanto, este año hemos hecho un esfuerzo importante para contactar con todas esas entidades, que son más de mil.

En segundo lugar, como decía antes, tenemos que habilitar herramientas que les faciliten el trabajo. Nuestro objetivo a largo plazo es que ni siquiera tengan que cumplimentar los cuestionarios que ponemos a su disposición, sino que sea el propio Comisionado quien, de forma periódica, vaya a los portales de transparencia y les avise: “Oiga, le falta este documento, tiene que incluir esto, o esto otro tiene que actualizarlo”.

Creo que esas herramientas facilitarán mucho el trabajo y ayudarán a que las entidades integren mejor la cultura de la transparencia como una forma de funcionar en su día a día. Dejará de ser necesario “poner patas arriba” toda la entidad cada vez que se abre el periodo de evaluación para cumplir con esas obligaciones, porque la transparencia estará integrada como una función más.

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Sobre la nueva ley de transparencia, ¿es una iniciativa propia de Canarias?

Es una iniciativa del Gobierno de Canarias, pero aún no conocemos el borrador de esa ley, aunque esperamos hacerlo en breve. Según ha manifestado públicamente la consejera, se van a endurecer las obligaciones de transparencia.

Entiendo que, después de una década de vigencia, habrá que mejorar y corregir algunos aspectos de la ley que no han cumplido del todo con la función principal de la norma. Por ejemplo, cabe preguntarse si se abordará el régimen de multas o sanciones, que nunca quedó bien recogido, o si se aclarará si es la propia entidad pública responsable del incumplimiento la que tiene que iniciar ese proceso sancionador.

Siempre decimos que con azúcar se cazan más moscas que con vinagre, pero también considero que las sanciones deben existir no para aplicarlas (de forma sistemática), sino precisamente para que actúen como un elemento disuasorio del incumplimiento por parte de las entidades.

El Comisionado de Canarias es un órgano referente gracias a los logros y resultados de su evaluación. Como actual titular, ¿qué le gustaría aportar durante su mandato?

Parece contradictorio, pero siempre digo que nuestro fin último es dejar de existir. Es decir, que no hubiera necesidad de que existiera en Canarias un órgano garante de la transparencia porque todas las entidades públicas y privadas la integrasen perfectamente y entendiesen los beneficios de ser transparentes, reconciliándose con la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, lo que se pretende.

Al inicio de este mandato hemos elaborado un plan estratégico, porque me parece importante saber dónde estamos y tener claro adónde queremos llegar; pero, sobre todo, queremos medir esos impactos a lo largo de los cinco años de mandato.

Aunque no lleguemos a desaparecer, al menos sí queremos que las entidades respondan al derecho de acceso a la información y que cada vez sean menos las que incumplen las obligaciones de transparencia. Y, por supuesto —y esto es fundamental—, que la ciudadanía conozca y ejerza más este derecho.