La Eurocámara aprueba un marco común de la UE contra la corrupción

La nueva normativa define de forma armonizada un amplio catálogo de conductas vinculadas a la corrupción. Entre ellas figuran el soborno, la apropiación indebida, la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias, el ejercicio ilícito de funciones, el enriquecimiento ilícito relacionado con actividades corruptas, la ocultación de bienes y determinadas formas de corrupción en el sector privado. Con ello, la UE pretende limitar vacíos legales y mejorar la capacidad de respuesta judicial.

Uno de los pilares de la directiva es la creación de un enfoque común en materia de sanciones. El objetivo es que los delitos de corrupción reciban respuestas penales proporcionadas y suficientemente disuasorias en todos los Estados miembros, evitando grandes desequilibrios entre países. Aun así, el texto deja margen para que cada Estado mantenga o apruebe medidas más estrictas si así lo considera oportuno dentro de su propio ordenamiento jurídico.

La dimensión transfronteriza ocupa un lugar central en la nueva regulación. Bruselas considera que las diferencias entre marcos nacionales han dificultado hasta ahora la persecución eficaz de determinados casos, sobre todo cuando intervienen varios territorios o estructuras complejas. Por eso, la directiva también refuerza la cooperación entre autoridades nacionales y organismos europeos especializados.

En ese apartado, la norma prevé una coordinación más estrecha con entidades como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust. Además, se impulsa un mayor intercambio de información entre administraciones y sistemas más consistentes de recopilación de datos. Los Estados miembros deberán publicar cada año información comparable y automatizada, con la intención de mejorar tanto la transparencia institucional como el diseño de políticas públicas basadas en evidencias.

La prevención constituye otro de los grandes ejes del texto aprobado. La directiva exige a los países de la UE que elaboren y revisen de forma periódica estrategias nacionales contra la corrupción. Esas hojas de ruta deberán incorporar evaluaciones de riesgos y contemplar medidas relacionadas con conflictos de intereses, integridad pública y transparencia en la financiación política, con la participación de la sociedad civil en su desarrollo y actualización.

Junto a ello, la futura norma plantea la necesidad de contar con organismos específicos y suficientemente independientes para prevenir, detectar y perseguir la corrupción. Esta exigencia apunta a reforzar la gobernanza institucional y a garantizar que la lucha contra estas prácticas no dependa únicamente de respuestas reactivas, sino también de estructuras permanentes de vigilancia, control y supervisión.

La aprobación parlamentaria se produjo con 581 votos a favor, 21 en contra y 42 abstenciones, lo que refleja un amplio respaldo político. Antes de su entrada en vigor, la directiva deberá recibir la adopción formal del Consejo. Una vez publicada en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de un plazo general de 24 meses para incorporarla a su legislación nacional, que se ampliará a 36 meses en el caso de las medidas relativas a estrategias nacionales y evaluaciones de riesgos.

El contexto político y social explica en parte la relevancia de esta decisión. Según datos del Eurobarómetro de 2025 citados durante la tramitación, una mayoría significativa de ciudadanos europeos percibe que la corrupción sigue estando extendida en sus países y considera insuficiente la persecución de los casos de alto nivel. Con esta directiva, las instituciones europeas buscan responder a esa preocupación ciudadana con un marco más coherente, preventivo y exigente en toda la Unión.