Invertir en la salud de los bosques para frenar el fuego y dar vida al mundo rural

Esa chispa saltó con una fuerza inusitada recientemente: 2025 fue para nuestro país el peor año para los incendios forestales en más de 30 años en términos de superficie quemada. Según la estimación más reciente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre enero y diciembre ardieron un total de 354.793,50 hectáreas. Hay que remontarse hasta 1994 para encontrar un año que arroje un peor balance.

Más allá de la superficie quemada, los expertos destacan la extrema virulencia de los llamados megaincendios o incendios de sexta generación. La ciencia apunta al cambio climático como un factor indispensable para explicar la proliferación de estos grandes fuegos. Pero hay otro culpable del agravamiento de los incendios forestales, como ya alertó WWF España en su informe de 2023: la despoblación rural.

El abandono de tierras ha provocado el crecimiento descontrolado del bosque. “La superficie forestal en España ha aumentado casi 4 millones de hectáreas, pero esto no se traduce en un aumento de bosques sanos, estables y diversos”, se advierte en el documento, que también explica que “las zonas cultivadas y pastoreadas en el pasado están ahora cubiertas por matorrales, bosques jóvenes pioneros o rodales monoespecíficos que, sin una adecuada gestión, se convierten en un riesgo para la propagación de grandes incendios forestales”.

SOS Rural alertaba el pasado año que la mayor parte de los agricultores españoles estarán jubilados o en edad para hacerlo en apenas una década. “La edad media de los agricultores españoles es de 62 años, más de la mitad de ellos tiene más de 65 años y casi el 70% es mayor de 56”, destacaba Natalia Corbalán, portavoz de esta plataforma en defensa del medio rural.

España se está quedando sin manos para cultivar el campo ni cuidar del ganado. Una realidad que no es preocupante únicamente desde el punto de vista de la pérdida de soberanía alimentaria. En el informe de WWF se llega a afirmar que “un territorio despoblado es un territorio que arde”.

Nuevos ingresos para quien cuida el monte

En resumen, nuestro país ha pasado, según la ONG conservacionista, “de tener una economía predominantemente basada en la agricultura y el pastoreo, con un importante peso de los aprovechamientos forestales, a una sociedad con un sector primario marginal. Este abandono extremo ha degenerado en un paisaje homogéneo, sin gestionar, muy inflamable y donde los servicios ecosistémicos y la biodiversidad están comprometidos”.

Precisamente, buena parte de la solución podría estar en esos servicios ecosistémicos. Pero ¿a qué se está refiriendo el informe exactamente? Como detalla Beatriz Pérez Ramos, directora del Aula de Educación Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), “estamos hablando de los productos y los beneficios, tanto directos como indirectos, que aporta el funcionamiento correcto de los ecosistemas: desde agua limpia y suelos fértiles hasta espacios para el bienestar personal”.

Sin embargo, para que la naturaleza siga prestando estos servicios hace falta una gestión activa. No basta con contemplar el paisaje. Se suele decir que ‘los incendios se apagan en invierno’. Esta realidad no solo implica reforzar los retenes durante todo el año, sino garantizar la presencia de pastores que, con su ganado, limpien el monte de matorral y reduzcan la biomasa seca que sirve de combustible

A esta función del ganado se suma la importancia de los trabajos selvícolas. Actuaciones como los clareos, las podas o los desbroces permiten reducir la densidad de la masa forestal, eliminar material seco y evitar que las llamas asciendan desde el suelo hasta las copas de los árboles, donde los incendios se vuelven mucho más intensos y difíciles de controlar.

La pregunta es quién se va a ocupar de realizar todas estas labores cuando el problema es, precisamente, que el campo se está vaciando. En este sentido, la valoración económica de los servicios ecosistémicos puede ser la clave para revertir la situación y garantizar que los que cuidan del territorio reciben una compensación justa por ello, transformando un paisaje abandonado e inflamable en un mosaico biodiverso y resiliente.

El modelo que ya funciona fuera

Algunos países ya recorren ese camino. Costa Rica es uno de los ejemplos más citados a nivel mundial: su programa de pago por servicios ambientales, impulsado desde los años noventa y respaldado por organismos como el Banco Mundial y la FAO, ha logrado revertir la deforestación mediante incentivos económicos a propietarios forestales por conservar, reforestar o gestionar de forma sostenible sus terrenos. Financiado en parte a través de un impuesto a los combustibles fósiles, el sistema ha permitido proteger más de un millón de hectáreas y generar beneficios directos para comunidades rurales.

En Europa, un caso especialmente ilustrativo es el de Romagna Acque, consorcio público dedicado a la gestión del agua en el noreste de Italia. El gestor hídrico encargó un estudio en el que se demostraba que determinadas prácticas de gestión forestal reducían la erosión del suelo en unos 10.000 metros cúbicos anuales, además de mejorar la calidad del agua. A partir de esa evidencia, puso en marcha en el año 2001 un plan de pago para alentar a los propietarios forestales a adoptar esas buenas prácticas. Estos pagos fueron inicialmente de unos 200 euros por hectárea y posteriormente ajustados a unos 100 euros, financiados con un pequeño porcentaje de la facturación del agua.

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España: el bosque como mercado

En nuestro país, estos modelos económicos basados en el pago por servicios ecosistémicos se abren paso gracias a la labor de entidades como Forest Stewardship Council (FSC). Hace ocho años, FSC decidió reforzar su apuesta a nivel global por los servicios ecosistémicos mediante la creación de un procedimiento específico para su certificación, y diferente por tanto de su conocido sello de gestión forestal sostenible.

La ONG ha proporcionado a los gestores forestales herramientas para validar estos siete servicios que nos prestan los ecosistemas funcionales: conservación de la biodiversidad, secuestro y almacenamiento de carbono, servicios del agua, conservación de suelos, servicios recreativos, prácticas y valores culturales, y calidad del aire.

Obtener este sello no es un trámite: es demostrar con datos que la gestión genera un impacto real que no se produciría sin ella. El procedimiento comienza con la identificación, dentro de un territorio concreto, del servicio ecosistémico que se quiere certificar y con la elaboración de un plan técnico que detalle qué actuaciones se van a llevar a cabo con el fin de preservar o mejorar dicho servicio. A partir de ahí, el territorio debe someterse a auditorías independientes y aportar datos verificables antes y después de la intervención y demostrar que las mejoras no se producirían sin esa gestión específica.

Un activo nuevo: el impacto ambiental verificado

Para Diego López, cofundador de Dendron Soluciones, empresa de innovación forestal, los servicios ecosistémicos “introducen en el mercado un activo nuevo, los impactos ambientales medibles y verificados. Bajo el marco de FSC, los servicios ecosistémicos dejan de ser externalidades sin valor económico y pasan a ser resultados auditados”.

El ingeniero forestal aclara que “no se trata solo de financiar actuaciones puntuales, sino de consolidar tejido empresarial local y reforzar la gestión activa del monte como herramienta de desarrollo rural. Cuando los pagos por servicios ecosistémicos se estructuran mediante acuerdos a largo plazo entre empresa y comunidad local, se convierte en un flujo económico recurrente que aporta estabilidad financiera a asociaciones de propietarios y empresas forestales del territorio”.

En este modelo, los patrocinadores —principalmente empresas a través de sus áreas de acción social y ambiental bajo criterios ESG— desempeñan un papel fundamental, ya que aportan los recursos económicos necesarios para financiar las actuaciones sobre el terreno, asumir los costes de certificación y garantizar la continuidad de la gestión.

López considera que estas inversiones permiten a las compañías “demostrar una implicación real con el territorio, con comunidades locales y con zonas afectadas por despoblación, integrando además un beneficio ambiental cuantificable y verificable. Refuerza su posicionamiento estratégico en sostenibilidad, aportando indicadores sólidos para memorias y reporting y diferenciación frente a la competencia”.

Dendron Soluciones fue la encargada de la dirección técnica del proyecto Snacktitud, bajo el cual se realizaron diversos trabajos selvícolas en el monte de Valdeavellano, propiedad de la Mancomunidad de Propietarios de Cañizares, en la Serranía de Cuenca.

La campaña contó con el patrocinio de la marca del sector alimentario Mondelēz. Como señala la memoria técnica del proyecto, que se ejecutó entre abril y diciembre de 2024, se trata del “primer patrocinio ejecutado en España con verificación formal de impacto ecosistémico mediante el estándar FSC”, en este caso asociado al servicio ecosistémico de conservación de reservas de carbono forestal. El objetivo fue prevenir incendios forestales y conservar el carbono almacenado, señalan desde Dendron.

Los 30.000 euros aportados por Mondelēz financiaron la ejecución de trabajos selvícolas de campo como clareos, podas, limpieza del monte y gestión de los residuos generados, realizados por una empresa forestal local bajo las directrices de Dendron.

Un total de ocho personas fueron contratadas para llevar a cabo estas actuaciones, que contribuyeron a mantener el carbono almacenado en la biomasa forestal viva en unas 245.000 toneladas, una cifra equivalente a las emisiones anuales de 196.000 vehículos, aproximadamente. Al almacenar carbono se evita su liberación a la atmósfera, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático.

Asimismo, se redujo el riesgo de incendios forestales: “Al eliminar la continuidad vertical del combustible y reducir la carga de biomasa, se disminuye la probabilidad de ignición y propagación”, detalla la memoria del proyecto.

Pagar por no talar

Más allá de sistemas de certificación internacionales como el de FSC, existen otras iniciativas locales con resultados tangibles. Una de las pioneras en nuestro país ha sido la Diputación Provincial de Girona, que en el año 2008 puso en marcha un programa de pago por servicios ambientales que comenzó a subvencionar a propietarios forestales privados y municipales por conservar rodales maduros de bosque que no hayan sido intervenidos para la extracción de madera durante 25 años.

Como explica el diputado de Patrimonio Natural y ODS de la Diputación de Girona, Nil Papiol: “Los bosques maduros son reservorios de carbono y muestran mayor resistencia y resiliencia frente a incendios y sequías, lo que les da un gran interés de cara a la adaptación frente al cambio climático”.

La provincia de Girona, pese a contar con una amplia superficie forestal, apenas conserva bosques maduros, ya que son precisamente los que albergan madera de mayor tamaño y, por tanto, resultan especialmente indicados para su explotación maderera. Este fue el motivo por el que se puso en marcha este programa.

Gracias al mismo, la provincia catalana dispone de más de 726 hectáreas de reserva forestal, de las que 363 corresponden a bosques públicos de ayuntamientos y 363 a bosques privados. El número total de propietarios beneficiarios es de 45 (20 ayuntamientos y 25 propietarios particulares).

El importe concedido por hectárea es muy variable y depende del valor de la madera en pie que se calcula que va a crecer en la superficie reservada durante los 25 años de duración del convenio, pero por término medio ronda los 1.500 euros por hectárea.

Los retos pendientes

La gestión forestal tradicional ha tratado históricamente de compatibilizar la conservación del recurso con la explotación de productos comercializables —como madera, papel, resina, frutos o setas—, mientras que, desde este nuevo enfoque que aporta la valoración de los servicios ecosistémicos, el objetivo principal no es aumentar la oferta de productos forestales, sino conservar o mejorar un determinado servicio que nos presta el ecosistema.

Por tanto, dependiendo del servicio ecosistémico, y también del ecosistema sobre el que se actúe, las medidas que deben tomarse pueden ser muy diferentes: desde intervenciones forestales muy convencionales como reforestaciones, podas o clareos, hasta otras fórmulas que apuestan por pagar a los propietarios forestales por no cortar árboles con el propósito de fomentar la biodiversidad, la captura de carbono y la resiliencia del bosque, como en el caso de la provincia catalana.

Estos planteamientos a veces pueden ser difíciles de entender por las compañías patrocinadoras. “A una empresa le resulta mucho más fácil comprender que está realizando una buena labor cuando planta muchos árboles”, aclara Manuel Beiro, ingeniero técnico forestal y responsable del área de comunicación y ventas de Asefor, consultora especializada en gestión forestal sostenible.

Beiro resalta otra dificultad adicional: los costes también difieren de forma considerable. “Depende mucho del servicio del que estemos hablando y de las actuaciones que quieras llevar a cabo. No es lo mismo conservar el agua que conservar el suelo, o bien ofrecer servicios recreativos poniendo en marcha una ruta de senderismo, son actuaciones completamente distintas”, apunta Beiro.

Por otro lado, las empresas demandan marcos normativos y metodológicos comunes para los procesos de auditoría y verificación. En este sentido, el director general de FSC España, Gonzalo Anguita, remarca la necesidad de avanzar en la estandarización de las métricas y las tecnologías de medición. “No solo para las empresas financiadoras, también para los gestores forestales, que así podrán tomar decisiones más informadas”.

La atomización de la propiedad forestal en España tampoco ayuda. Más del 70% de la masa forestal está en manos privadas y se presenta, en muchos casos, fragmentada en parcelas pequeñas, con propietarios habitualmente de avanzada edad, ausentes o incluso desconocidos por la población local de territorios marcados por la despoblación.

Dicha dispersión dificulta la creación de proyectos con dimensión suficiente para resultar atractivos de cara a los financiadores, al tiempo que incrementa los costes de gestión, medición y seguimiento. “Necesitamos que los gestores forestales trabajen en agrupaciones o creando asociaciones”, recomienda Anguita.

Instituciones y empresas se suman

En enero de 2026, la ciudad de Soria acogió la jornada Impulsando la puesta en valor de los servicios ecosistémicos forestales, que organizó la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El evento contó con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Susana Jara; el alcalde de Soria, Carlos Martínez; la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana, así como gestores forestales y representantes de PEFC y FSC, entre otros.

Durante la jornada, Jara anunció que el gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en la puesta en marcha efectiva, en los próximos meses, de la Alianza por los servicios de los ecosistemas, nuevo organismo que quiere convertirse en un marco estable para el desarrollo del pago por servicios ecosistémicos en la región.

“Ahora mismo estamos trabajando para contar con un conjunto de proyectos piloto que podamos ofrecer a empresas y entidades interesadas en patrocinar la gestión forestal activa en nuestros montes”, avanzó la directora general.

FSC también aprovechó el evento para realizar un importante anuncio: su programa ‘Comprometidos con nuestros bosques’, dedicado a la restauración de áreas forestales incendiadas y degradadas a causa del cambio climático, ha incorporado en este 2026 la validación de servicios de los ecosistemas. Entre las compañías participantes figuran Carrefour, Mahou San Miguel, Pernod Ricard, L’Oréal, Mondelēz, Philips y LG.

Durante su intervención en la jornada, el secretario de Estado de Medio Ambiente enfatizó el papel de la bioeconomía forestal frente a retos como la despoblación y el cambio climático. “Todo lo que no se gestiona bien en origen acaba generando un problema, que en este caso se traduce en la necesidad de incrementar el gasto en las infraestructuras y los operativos de extinción de incendios. Es decir, estaríamos multiplicando una necesidad de gasto de presupuesto público que está mucho mejor invertido en el ámbito de la generación de actividad económica y empleo”.

Lo que quiere decir Morán es que una gestión forestal sostenible capaz de promover el desarrollo rural, la creación de empleo y el arraigo en el territorio también es una política de prevención de incendios. Y los servicios ecosistémicos tienen mucho que aportar en esta tarea.