El tercer sector encuentra en la debida diligencia europea una nueva vía de impacto social

La nueva directiva europea sobre sostenibilidad empresarial no solo redefine las obligaciones de las empresas, sino que también abre un espacio relevante para las organizaciones de la sociedad civil. En particular, la Directiva sobre debida diligencia en derechos humanos introduce procesos orientados a identificar, prevenir y mitigar impactos negativos.
22 abril 2026
El tercer sector encuentra en la debida diligencia europea una nueva vía de impacto social

Este enfoque abre nuevas oportunidades para ONG, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, permitiéndoles anticiparse y participar activamente en este nuevo contexto regulatorio. La directiva establece además una hoja de ruta basada en la identificación, prevención y mitigación de impactos, acompañada de mecanismos de supervisión, reclamación y transparencia.

Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué papel pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil? La respuesta es clara: adelantarse.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel clave como interlocutores entre las empresas y las comunidades potencialmente afectadas. Su conocimiento del territorio y de las realidades sociales les permite identificar riesgos que, en muchas ocasiones, no resultan visibles desde el ámbito empresarial.

En la práctica, algunas de estas entidades ya actúan como intermediarias en la implementación del impacto social, conectando a empresas con comunidades locales y facilitando que los recursos públicos y privados se traduzcan en proyectos concretos en entornos rurales o colectivos vulnerables. De este modo, las políticas de sostenibilidad pueden materializarse en transformaciones reales sobre el terreno.

Asimismo, pueden colaborar en procesos de supervisión y detección de riesgos, actuando como una especie de auditoría social permanente. Desde esta posición contribuyen a reforzar la cohesión social e impulsan una mayor implicación filantrópica por parte de empresas y ciudadanía. Así, las organizaciones sociales no solo identifican riesgos, sino que también ayudan a transformar esos diagnósticos en proyectos concretos de impacto.

Todo ello debe ir acompañado de una labor institucional de información y comunicación, que permita difundir la relevancia y comprensión de estos nuevos marcos regulatorios, acercando su contenido a las comunidades potencialmente afectadas y facilitando que puedan conocer y ejercer sus derechos.

El tercer sector no debe esperar a que la regulación le afecte directamente: su capacidad de anticipación será una de sus mayores fortalezas.

En este sentido, también resulta interesante impulsar espacios de diálogo entre empresas, fundaciones, ONG y think tanks que permitan compartir experiencias, identificar riesgos y generar soluciones conjuntas. Foros de reflexión, encuentros sectoriales o plataformas de colaboración pueden convertirse en laboratorios de gobernanza social, capaces de anticipar riesgos y difundir la cultura de la debida diligencia en el tejido empresarial y en la sociedad.

En definitiva, aunque la nueva regulación europea se dirige principalmente a las empresas, también abre un espacio de oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil. ONG y fundaciones pueden desempeñar un papel clave en la identificación de riesgos, la interlocución con comunidades afectadas y la construcción de soluciones que permitan mitigar impactos.

Anticiparse a este nuevo contexto regulatorio será fundamental para que estas organizaciones continúen siendo actores relevantes en el ecosistema de sostenibilidad y derechos humanos. El tercer sector no debe esperar a que la regulación le afecte directamente: su capacidad de anticipación será, precisamente, una de sus mayores fortalezas.

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