Transparencia propone revisar los límites del secreto algorítmico en la Administración

Para la máxima responsable del CTBG, es necesario clarificar si la documentación técnica de estos sistemas –especialmente en áreas como la gestión de prestaciones sociales, el empleo público, la administración de justicia o la gestión de migraciones– constituye información pública accesible. Por ello, ha defendido una lectura integradora de la Ley de Transparencia con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que será de aplicación plena desde agosto de 2026.

“Toca revisar el test del daño en clave tecnológica. Restringir el acceso al código de un sistema que toma decisiones sobre ciudadanos puede ser, en sí mismo, el mayor daño posible al interés público”, afirmó Campos. Cabe recordar que el “test del daño” es el filtro legal que utiliza la Administración para sopesar si el derecho ciudadano a saber choca con la protección de otros intereses, justificando así el secreto para evitar males mayores (como vulnerar la seguridad pública o la propiedad intelectual de la herramienta).

Para llevar a la práctica este desafío, la responsable institucional ha avanzado que el Consejo va a trabajar en la elaboración de un “criterio interpretativo”propio. Esta guía establecerá una diferenciación técnica a la hora de evaluar el acceso, distinguiendo entre el código fuente, la documentación funcional y la explicación de resultados, con un test del daño diferenciado para cada uno de estos niveles.

No obstante, la estrategia propuesta no se limita a definir el alcance de la transparencia de las máquinas, sino que abarca aprovechar el potencial de la IA como herramienta de trabajo para los propios órganos garantes. Campos ha instado a utilizarla para automatizar tareas como la clasificación de reclamaciones o la evaluación continua de portales institucionales. Todo ello asegurando que la IA servirá de apoyo para lograr una coherencia doctrinal real, pero sin que “sustituya en ningún caso el trabajo de las personas que instruyen los expedientes”.

Para consolidar esta visión a nivel nacional, la presidenta ha tendido la mano a todos los órganos autonómicos y al estatal para impulsar un proyecto piloto conjunto de aplicación de la IA a la gestión de la transparencia. El objetivo es trabajar en red y construir una doctrina común sobre la transparencia algorítmica.