El sistema educativo suspende con el alumnado con discapacidad, según sus familias

Entre los datos más significativos destaca que más del 80% de las familias participantes ha experimentado dificultades en la asignación de apoyos, y un porcentaje similar (83%) denuncia la falta de adaptación de materiales y metodologías por parte de los centros. La falta de formación y sensibilidad del profesorado es otra de las carencias más señaladas, con cerca del 80% de las familias apuntando este problema. Una realidad que, según el informe, no es anecdótica ni puntual, sino estructural.

Los recursos especializados brillan por su ausencia en muchos centros. Casi un 28% del alumnado con discapacidad no cuenta con apoyo de Pedagogía Terapéutica; casi el 40% carece de profesorado de Audición y Lenguaje; más del 44% no tiene orientador escolar, y casi la mitad no dispone de monitor o auxiliar. Cuando estos profesionales están presentes, su dedicación suele ser insuficiente, sin superar en muchos casos las tres horas semanales, lo que resulta claramente incompatible con una atención educativa de calidad, según CEDDD.

La vida cotidiana en los centros también refleja estas carencias. Más del 60% de las familias identifica barreras de accesibilidad física en patios, espacios comunes o señalización. El comedor escolar, un espacio clave para la socialización, no escapa a esta realidad: casi dos tercios de los encuestados consideran que el apoyo en ese entorno es insuficiente o inexistente, y que no se promueve la inclusión entre el alumnado. La inclusión, en la práctica, se queda en papel mojado.

Más allá del impacto directo sobre los menores, el estudio alerta sobre el coste emocional que este escenario tiene para las familias. El estrés parental crónico, la sensación de soledad frente a las instituciones y la percepción de no ser escuchados son denominadores comunes. Más del 70% de las familias consultadas considera que sus aportaciones y demandas no son tenidas en cuenta por los centros o las administraciones, lo que profundiza la fractura entre el sistema educativo y quienes más lo necesitan.

Frente a este panorama, el CEDDD ha trasladado al Congreso un conjunto de propuestas concretas. Entre ellas, el establecimiento de ratios mínimas garantizadas de profesionales especializados a nivel estatal, la creación de financiación específica y evaluable para la atención a la discapacidad, y la aprobación de un marco común de derechos mínimos que evite las desigualdades entre comunidades autónomas. También se reclama mayor continuidad en los equipos de apoyo, para no romper los procesos educativos con cambios constantes de profesionales.

El director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, Ignacio Martín, que clausuró el acto, reconoció que existe “una enorme distancia entre lo que dice la ley y lo que pasa en las aulas cada mañana”, y subrayó que la verdadera inclusión exige dar a cada persona una respuesta adaptada a sus necesidades concretas. Una afirmación que, a la vista de los datos, suena más a punto de partida que a meta alcanzada.