Trabajar y seguir siendo pobre, la grieta social que no tapa el empleo

Sin embargo, Eurostat publicó ese mismo año un dato que pone en entredicho toda esa lectura. Uno de cada nueve ocupados no gana lo suficiente para superar el umbral de la pobreza fijado en el 60% de la renta mediana nacional, una cifra que sitúa a España entre los países con peores resultados de toda la Unión Europea, junto a Luxemburgo y Bulgaria, y muy por encima de la media comunitaria del 8,2%.

Lo llamativo es que ese porcentaje lleva años instalado ahí, resistiendo el crecimiento económico y la creación de empleo sin moverse de forma significativa. El último dato –correspondiente a 2024– apenas mejora una décima respecto al año anterior, mientras que Finlandia, en el extremo opuesto, está en el 2,8%. La diferencia va más allá de los salarios y apunta a factores más estructurales, como el tipo de mercado laboral que cada sociedad ha construido, la protección que ofrece y las personas que quedan fuera.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya edición de 2025 se publicó en febrero de 2026 con datos de renta de 2024, sitúa el riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7% de la población española. Los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, registran una tasa de riesgo superior al 50%, la más alta de todas las tipologías analizadas. El 8,5% declaró llegar a fin de mes con mucha dificultad y el 36% no pudo afrontar gastos imprevistos.

El empleo, visto desde esa perspectiva, no desaparece como factor de protección, pero se ha convertido en algo mucho más condicionado de lo que era. Protege a algunos hogares, en ciertas condiciones, con determinada intensidad laboral y una estructura familiar concreta. Para el resto, garantiza resistir, no salir de la pobreza.

El empleo que ya no blinda contra la pobreza

La tasa de pobreza laboral recoge personas ocupadas cuyos ingresos quedan por debajo de lo que se necesita para una vida digna. En España esa tasa se sitúa por encima del 11% según Eurostat (datos de 2024, publicados en 2025), y varía bastante en base a la intensidad con la que se trabaja y quién más vive en el hogar.

La ECV y la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social, cruzadas con datos de renta de 2022 y 2023, sitúan la tasa general de pobreza laboral en torno al 11,7% de las personas con empleo, aproximación coherente con el 11,2% de Eurostat para 2024, pero el número cambia radicalmente cuando se introduce la estructura del hogar. En familias donde solo trabaja uno de los dos adultos, la tasa llega al 33% si hay un hijo a cargo, al 38% con dos hijos y puede alcanzar el 63% cuando hay tres o más menores. Si ambos adultos trabajan, las cifras caen hasta el 6,3% con un hijo o el 8,9% con dos.

El análisis de esos registros apunta a que las dos raíces principales son los salarios insuficientes y la intensidad laboral baja. Una de cada cuatro personas que ha trabajado en algún momento del año no ha logrado situarse por encima de la línea de pobreza.

El motivo no es necesariamente el salario por hora, sino cuántas horas, durante cuántos meses. Trabajar menos de 180 días al año, situación que afecta a una proporción elevada de quienes tienen contratos temporales habituales, deja unos ingresos anuales que no permiten cubrir las necesidades básicas del hogar. Solo alrededor del 65% de quienes trabajan entre 180 y 300 días consigue estabilizarse por encima de ese nivel.

El perfil demográfico agrava el cuadro. Los jóvenes de 16 a 29 años son los más afectados y apenas el 12,5% de los que han trabajado en el último año ha cruzado esa línea. Las mujeres concentran el grueso de la contratación a tiempo parcial: más de 2,25 millones tienen contratos parciales frente a 806.400 hombres, y casi 400.000 de ellas señalan el cuidado de hijos o personas adultas dependientes como motivo, frente a apenas 30.000 hombres.

No es una distribución aleatoria sino que está relacionada con cómo se reparten los cuidados en los hogares y a qué consecuencias laborales arrastra esa distribución.

La nómina frente al alquiler, los cuidados y los horarios

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se situó en 2025 en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale aproximadamente a entre 950 y 1.050 euros netos según la situación fiscal de cada trabajador, siempre que se trabaje a jornada completa durante todo el año. Para quienes encadenan contratos discontinuos o trabajan a tiempo parcial, el ingreso mensual real puede quedar bastante por debajo de esa cifra.

El esfuerzo para pagar el alquiler supone, para una familia media española, el 36% de sus ingresos netos, según un estudio de Idealista basado en datos del tercer trimestre de 2025, porcentaje que ya supera el límite del 30% que los economistas consideran sostenible.

El IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España de la Fundación Foessa indica que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa más alta de toda la Unión Europea, y lo describe como una trampa de pobreza. Un análisis de Provivienda a partir de los microdatos de la ECV de 2025 apunta que el coste residencial añade nueve puntos porcentuales a la tasa de pobreza relativa nacional, dejando a más de 4,5 millones de personas bajo ese nivel una vez afrontado ese gasto.

La combinación de salario bajo, jornada reducida y coste habitacional alto resulta especialmente difícil de sostener en los hogares con una sola renta. Los monoparentales no pueden distribuir el gasto entre dos sueldos, ni turnarse en las tareas de cuidado, ni negociar con los tiempos de trabajo. Cuando el empleo es además en turno partido o con horario variable semana a semana, la guardería, el comedor o el canguro absorben una parte del salario que reduce todavía más el margen.

La parcialidad involuntaria en el empleo añade otra capa de fragilidad. Una parte significativa de los contratos a tiempo parcial no responde a la elección del trabajador sino a la forma en que la empresa organiza su actividad: turnos cortos, picos de demanda, horarios de apertura concretos. Son condiciones que no dejan alternativa a jornada completa, y con ese salario recortado cualquier imprevisto tiene una capacidad de desestabilizar el mes que en otros tramos de renta simplemente no existe.

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Qué puede hacer la empresa 

El problema tiene dos frentes. Uno exige respuestas que solo el Estado puede dar: regulación del mercado del alquiler, inversión en vivienda pública, servicios universales de atención a la infancia, prestaciones que no desaparezcan en cuanto el trabajador firma un contrato de tres meses. La empresa, aun así, tiene un margen de actuación propio que no siempre activa, y ese margen se hace cada vez más visible en el mercado financiero.

En 2025, la Plataforma de Inversores de Living Wage and Income (PLWF), que representa más de 7 billones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento, reforzó su trabajo de diálogo con empresas participadas sobre salarios e ingresos dignos en sus cadenas globales de suministro. Lo que durante años fue una declaración de intenciones en las memorias de sostenibilidad se traduce ya en preguntas cada vez más exigentes por parte de accionistas e inversores institucionales. La componente S del ESG, históricamente la más difusa de las tres, empieza a tener cifras detrás.

El concepto de salario digno, o living wage, no es equivalente al SMI. El SMI fija un suelo legal, el salario digno aspira a cubrir los costes reales de vida en un territorio concreto, incluyendo vivienda, transporte y cuidados. La Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD) obliga a identificar y mitigar impactos adversos en derechos humanos a lo largo de la cadena de actividades, lo que puede incluir las condiciones laborales de determinados socios y proveedores. Los estándares ESRS de la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD) van en la misma dirección y exigen que esa cadena sea visible y gestionada cuando sea material, no solo mencionada en la memoria.

La ECV de 2025 señala que el 8,0% de la población vive en hogares con baja intensidad de empleo, uno de los componentes del indicador Arope (At Risk of Poverty or Social Exclusion, la medida europea que combina riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad laboral) que mejor ayuda a entender los hogares donde el empleo disponible no alcanza, y uno de los que más directamente mejora cuando una empresa revisa sus decisiones de contratación.

En empleos de baja renta, comunicar los turnos con antelación, reducir los cambios de última hora o eliminar la disponibilidad permanente no remunerada son decisiones que mejoran la vida de las personas sin tener el mismo coste que una subida salarial, y permiten organizar los cuidados, aceptar formación y planificar pagos.

La empresa no puede compensar por sí sola los efectos de un mercado de trabajo segmentado desde hace décadas, pero sí puede decidir cómo contrata, cuántas horas garantiza y qué condiciones exige a quien subcontrata.

Una nómina debería ser una puerta de salida de la pobreza pero, para demasiados hogares en España, se ha convertido solo en una forma de resistirla.