Hoy esa misma furgoneta circula por Rosario con otro propósito: trasladar pizzas, camisetas y materiales de trabajo producidos por personas que pasaron por la cárcel.

La furgoneta fue entregada a la Fundación Tercer Tiempo, una organización que trabaja con personas privadas de libertad y con quienes ya recuperaron la libertad. El vehículo se convirtió en una herramienta logística para las cooperativas que la fundación impulsa como parte de su estrategia de reinserción social.

La escena resume una idea central de la iniciativa: transformar bienes vinculados al delito en recursos para la reparación social. Pero lo más importante de la estrategia de la Fundación Tercer Tiempo no es la furgoneta, sino el trabajo que transporta. “La pregunta es qué hace falta para que una persona no vuelva a la cárcel: empleo sostenido, apoyo psicosocial, redes familiares, acompañamiento institucional o todo eso a la vez”.

“Estamos absolutamente convencidos de que el eje central de la gestión en Santa Fe, y en particular en Rosario, es bajar los índices de violencia, que habían llegado a niveles muy por encima de la media nacional”, explica Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia.

Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Argentina cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia: 3,6 casos cada 100.000 habitantes. Rosario, en cambio, registró una tasa de 8,5, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. De acuerdo con este mismo organismo, en la provincia se registraron al cierre del año pasado 12.829 personas privadas de su libertad.

Durante años, señala Soques, uno de los puntos críticos era la falta de acompañamiento una vez que las personas recuperaban la libertad. “El acompañamiento se cortaba cuando la persona salía de la cárcel. Era como llevarla hasta el acantilado y dejarla sola. Sin un acompañamiento estatal e institucional en el afuera, muchos procesos se perdían. Hoy el desafío es acompañar tanto dentro como fuera”, dice.

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Del rugby al trabajo

Víctor Muñoz pasó doce años privado de libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 12 de Rosario. Su primer contacto con la Fundación Tercer Tiempo fue a través de un partido de rugby. “Era una manera de salir del encierro y tener otro contacto con la sociedad”, recuerda.

Antes de perder la libertad, jugaba al fútbol, pero nunca había practicado rugby. “Abrí un poco la mente y vi que existían otras cosas”, agrega.

Ese deporte fue la herramienta con la que la Fundación Tercer Tiempo entró en las cárceles de Rosario. La organización comenzó hace quince años de manera informal en la Unidad N.º 6 y se constituyó como fundación en 2017. Lo que empezó como un grupo de amigos con voluntad de ayudar fue tomando forma hasta convertirse en una organización con presencia en varias cárceles de la provincia.

“Iniciamos el trabajo en cárceles con una herramienta lúdica: el rugby. Era lo que conocíamos y lo utilizamos como disparador. Con el tiempo entendimos que no alcanzaba, porque la problemática es compleja”, cuenta Fernando Benítez, referente de la organización.

Explica que salir de la cárcel abre varias preguntas: dónde y en qué condiciones va a vivir la persona, con quién cuenta y cómo sostiene un ingreso, entre otras. “Por eso incorporamos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales”, añade.

A partir de esa experiencia, el enfoque se fue ampliando. La fundación no solo trabaja con personas privadas de libertad, sino también con su entorno familiar y afectivo, y acompaña el proceso cuando recuperan la libertad. En paralelo, desarrolla un fuerte trabajo territorial en barrios de Rosario con altos niveles de vulnerabilidad, como Tablada, Ludueña, 7 de Septiembre, Parque del Mercado y María Reina.

“En esos territorios desarrollamos actividades deportivas y acompañamiento integral. Trabajamos con jóvenes de entre 16 y 35 años. Muchos han sido reclutados por bandas como mano de obra barata. También trabajamos con adolescentes del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. El objetivo es ofrecer una alternativa frente a una realidad donde el ingreso ilegal es inmediato y en efectivo, mientras que las respuestas del Estado suelen demorarse”, explica Benítez.

Con las personas que recuperan la libertad, la fundación formó el equipo deportivo extramuros Los Gladiadores.

Cooperativas y generación de trabajo

El modelo que impulsa la Fundación Tercer Tiempo combina tres dimensiones que suelen faltar en las políticas tradicionales de reinserción: formación laboral, acompañamiento psicosocial y generación de ingresos reales. La secuencia es gradual: los talleres funcionan como un primer espacio de capacitación y contención; quienes sostienen el proceso pueden integrarse a las cooperativas productivas o iniciar un emprendimiento propio.

Uno de los primeros obstáculos que encuentran quienes recuperan la libertad es el certificado de antecedentes penales, que dificulta el acceso a un empleo formal. Frente a esa barrera, la fundación decidió crear sus propias fuentes de trabajo.

Así nacieron dos cooperativas: La Esmeralda, la más consolidada y en funcionamiento desde hace casi cuatro años, y 3R. Sus principales actividades se concentran en la producción textil y la elaboración de alimentos, aunque también realizan trabajos de serigrafía, estampación e impresión 3D.

La línea textil produce camisetas, lonas y banderines. La línea de alimentos prepara el catering que varios clubes de rugby y hockey de la ciudad sirven durante el tercer tiempo de los partidos. Además, produce sándwiches, pizzas, alfajores y medialunas.

Víctor es uno de los trabajadores de la línea de alimentos. Aprendió el oficio de la panadería dentro de la unidad penitenciaria y hoy, a los 44 años, cumple una libertad condicional que incluye sus tareas en la cooperativa. Su jornada empieza temprano: pedalea una hora para ir al trabajo. “Al llegar, preparo las harinas, las grasas, las levaduras, todo lo que voy a usar. Me tomo un mate y empiezo a amasar”. Produce bizcochos, bollería, medialunas, pan, pizzas y, desde hace poco, focaccias y pasta.

“Me cambió la vida. Antes tenía que hacer cosas malas que me ponían en riesgo a mí y a otras personas. Hoy sé que mi esfuerzo vale y que tengo la posibilidad de trabajar”, añade.

Las cooperativas emplean a ocho personas: cuatro en el área textil y cuatro en la de alimentos. “Aprendimos que no se puede hacer algo masivo si no hay equilibrio entre producción e ingresos reales. Preferimos trabajar con menos personas, pero garantizar mejores ingresos”, señala Benítez.

El dato que la fundación sigue con más atención es la reincidencia. “Ninguna de esas personas ha vuelto a una unidad penitenciaria, ha reincidido ni ha tenido un conflicto con la ley penal”, afirma Benítez.

Se trata de un registro interno y de un universo todavía pequeño, no de una evaluación sistemática. Pero, para la organización, es el indicador más cercano de que el modelo funciona. Benítez atribuye ese resultado a la combinación de ingresos laborales y acompañamiento: “Trabajamos con el entorno familiar de cada persona, y eso también es un elemento a tener en cuenta”.

La financiación pública, aclara Benítez, fue solo inicial. Hoy los ingresos de los trabajadores provienen de la participación en las ganancias de lo que producen y venden. Parte del equipamiento de la cooperativa, como un congelador, se adquirió con fondos de la Unión Europea, gestionados a través de la Red Creer, un espacio colaborativo de impacto colectivo en Argentina que diseña, implementa y evalúa iniciativas para la inclusión socioeconómica de personas privadas de libertad, liberadas y sus entornos.

Los talleres cubren oficios muy distintos: panificación, textil, marroquinería, impresión 3D, huerta, fotografía, medios digitales, arte y estética de manos. Funcionan tres veces por semana y quienes participan reciben durante un año una beca provincial del programa Nueva Oportunidad, de alrededor de 100.000 pesos mensuales (unos 59 euros), un poco más de un cuarto de un salario mínimo en Argentina.

Luego, algunos pueden ingresar en las cooperativas y otros emprenden por su cuenta. En conjunto, las distintas iniciativas de la organización alcanzan semanalmente a unas 220 personas, entre participantes de los talleres, jóvenes de los barrios y trabajadores de las cooperativas.

Por qué el trabajo reduce la reincidencia

La hipótesis que sostiene esta experiencia —que el trabajo es una de las principales herramientas contra la reincidencia— es compartida por especialistas que analizan el fenómeno desde fuera. Nicolás Garibaldi, coordinador de la Red Creer, sostiene que el empleo es central en la reorganización de la vida después del paso por prisión.

“El trabajo ofrece a la persona opciones reales para reconstruir vínculos y poner en práctica lo que aprendió”, explica. Garibaldi describe además lo que llama un “efecto contagio”: la persona empieza a sentir orgullo por su propio cambio y, al mismo tiempo, obtiene un ingreso que hace que recurrir a actividades ilegales deje de ser la única opción posible. Allí, dice, está buena parte de la explicación de la reducción de la reincidencia.

Según la estadística nacional, el 20% de las personas privadas de libertad en Santa Fe es reincidente. De todas formas, los especialistas consideran que, en Argentina, hay una subestimación de la magnitud de la reincidencia delictiva. No existe actualmente una herramienta de medición adecuada que permita estimar la cantidad y caracterización de las personas condenadas que vuelven a delinquir después de salir de la cárcel.

Garibaldi advierte, sin embargo, que el trabajo por sí solo no alcanza si no se sostiene en el tiempo. “La mayor limitación de estos programas está vinculada al deterioro general del mercado laboral. Por lo general, la inserción se da en el marco de experiencias cooperativas. Para que la transformación se sostenga, la experiencia de trabajo no puede ser algo transitorio”, señala.

Y suma un factor menos visible: el impacto del delito en la sensibilidad social. Los vaivenes de la agenda pública, impulsados por los medios, hacen que invertir en trabajo para personas liberadas pase, por momentos, a verse como algo secundario.

Los límites del modelo

La experiencia rosarina tiene varios cuellos de botella. El primero lo reconoce Víctor en su testimonio: el ingreso no es suficiente. “Con la situación actual, casi nada alcanza”, admite. Por la tarde sale a vender churros que compra en otro lugar. Su sueño es tener un negocio propio.

Para Benítez, la mayor dificultad no está en producir, sino en vender. “Tenemos capacidad de producir a mayor escala y con calidad. La dificultad es quién opera la cadena de comercialización, quién acerca el producto al consumidor final”, explica.

La logística, que antes era un problema, se resolvió en parte con la furgoneta incautada y con aplicaciones de reparto. Pero el eslabón de la venta sigue siendo el límite que condiciona los ingresos de los trabajadores. El alcance depende de la demanda que se logre conquistar.

A esa traba se suma el consumo problemático, uno de los desafíos más complejos. “Hemos tenido jóvenes que trabajaban muy bien y de repente desaparecen por recaídas. Algunos empezaron a consumir dentro de la cárcel. Necesitamos más herramientas profesionales para acompañar esos procesos”, reconoce Benítez.

El equipo de la fundación está compuesto por 58 personas, entre profesionales, acompañantes y profesores, pero las recaídas exigen recursos que muchas veces faltan.

Garibaldi suma una advertencia de fondo sobre lo que ocurre si el acompañamiento no se sostiene: “El riesgo es la legitimación de las economías ilegales, que terminan presentándose como los actores que responden mejor a las necesidades de los sectores populares”.

Para revertirlo, enumera condiciones que deben darse juntas: inversión pública sostenida, organizaciones con perspectiva de derechos humanos, implicación del sector privado mediante contrataciones y compras, y un enfoque integral que acompañe a las familias y tenga en cuenta el impacto diferencial del encarcelamiento sobre las mujeres y la infancia.

Bienes del delito para usos sociales

El vehículo que hoy utiliza la Fundación Tercer Tiempo forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la reutilización social de bienes decomisados al crimen organizado. Santa Fe cuenta con una agencia provincial dedicada a recuperar bienes vinculados al delito.

La idea es que esos recursos no queden inmovilizados dentro del sistema judicial, donde muchas veces se deterioran o pierden valor, sino que vuelvan a la sociedad a través de políticas públicas y organizaciones sociales.

“Es importante que la ciudadanía vea que lo que se incauta al delito se reinvierte en la comunidad”, señala Soques. “Recuperar esos bienes también tiene un valor simbólico: muestra que los recursos del crimen organizado pueden transformarse en herramientas para construir oportunidades”.

El enfoque también conecta con iniciativas que buscan ampliar este modelo a nivel nacional. Una de ellas es el proyecto impulsado por Bien Restituido, que propone crear un marco legal para la administración y reutilización social de bienes confiscados al crimen organizado.

Según Ezequiel Conde, uno de sus impulsores, el desafío no es la incautación de bienes en sí, que existe desde hace años, sino la ausencia de una política clara de reutilización social. “Hoy muchos bienes quedan abandonados o terminan perdiendo valor en depósitos judiciales”, explica Conde.

Varias experiencias internacionales han servido de inspiración para esta propuesta. En Italia, por ejemplo, distintas organizaciones reutilizan tierras confiscadas a la mafia para producir alimentos ecológicos y generar empleo en territorios históricamente afectados por el crimen organizado.

Vender lo que se produce

Si el límite es la comercialización, la respuesta que ensaya la fundación es asociarse con otros actores. “Para replicar el modelo es clave articularse con organizaciones territoriales que conozcan la realidad del barrio. Sin ese actor local es muy difícil intervenir. El trabajo en red es imprescindible, aunque complejo. No todas las organizaciones comparten el mismo enfoque”, explica Benítez.

Esa lógica llevó a Tercer Tiempo a iniciar conversaciones con Laburo, una iniciativa que busca conectar experiencias productivas vinculadas a procesos de inclusión social y fortalecer sus canales de venta.

“Laburo permite visibilizar cooperativas que producen bienes de calidad, pero no tienen canales de comercialización. Ese es el gran desafío: no solo producir, sino vender. Laburo puede aportar en ese eslabón clave de la cadena”, resume Benítez.

La marca fue presentada públicamente en diciembre como una alianza entre tres experiencias de distintos continentes: la cooperativa San Cayetano, en Argentina; la empresa social Pibiesse, en Italia; y el proyecto Dawnlight, en Costa de Marfil. La propuesta es una línea de productos textiles y gráficos producidos y comercializados en los tres países, con una parte de las ganancias destinada a fortalecer cooperativas y organizaciones que acompañan a víctimas de violencias estructurales.

“Si hay más trabajo, hay menos posibilidades de que los jóvenes caigan en manos de los narcos”, sintetiza Conde, coordinador del proyecto. “La discusión sobre seguridad suele concentrarse en el castigo, pero el negocio narco es fundamentalmente económico. Si no se interviene sobre esa dimensión, el problema se reproduce”, sostiene Conde.

“El trabajo organiza la vida cotidiana, construye vínculos y fortalece la pertenencia comunitaria”, agrega. “Si no hay comunidad organizada, el narcotráfico termina ocupando ese espacio con su propia lógica económica y territorial”.

Un cambio de destino

Mientras las cooperativas de la Fundación Tercer Tiempo producen camisetas, alimentos y materiales gráficos, la furgoneta incautada vuelve a circular por Rosario cargada con cajas y herramientas de trabajo.

En una ciudad marcada por la violencia, el vehículo que utilizan las cooperativas resume el núcleo de esta experiencia: el trabajo, el acompañamiento y la organización colectiva pueden abrir caminos distintos allí donde durante años pareció no haber alternativas.