El tercer sector pide recursos para aplicar la accesibilidad cognitiva

Autismo España considera que la norma es una oportunidad clave para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de las personas autistas y construir entornos en los que todas las personas puedan comprender la información, orientarse y participar en igualdad de condiciones y afirma que la accesibilidad cognitiva es un derecho fundamental para las personas con autismo y “debe desarrollarse con rigor técnico, evidencia científica y teniendo en cuenta la diversidad del espectro”.

No obstante, la organización, que ha participado activamente en el proceso de elaboración de la norma con sus aportaciones,  advierte de que la accesibilidad cognitiva no puede reducirse a simplificar textos o incorporar pictogramas. Defiende un enfoque más amplio y riguroso que tenga en cuenta la diversidad de necesidades de las personas autistas y considera necesario que las medidas se diseñen desde el conocimiento especializado y no a partir de soluciones genéricas que puedan no responder a las necesidades reales de quienes deben utilizarlas.

Por su parte, Plena Inclusión ha valorado también la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Reglamento sobre Accesibilidad Cognitiva, normativa que ve como un “avance”, aunque considera que debe ir acompañada de una dotación presupuestaria para su desarrollo.

Según su director, Enrique Galván, la organización recibe esta aprobación como un paso adelante largamente esperado. Sin embargo, “echamos en falta que instrumento normativo, llegue acompañado de una dotación presupuestaria con la que garantizar su efectividad. Además, entendemos que habría sido más completo si hubiera referenciado normativa técnica que asegure el rigor de las metodologías para la elaboración de apoyos dirigidos a garantizar una auténtica accesibilidad cognitiva”, señala la entidad.

Se refuerza el derecho a comprender

El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en toda España. La norma busca garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer plenamente sus derechos, desenvolverse con autonomía y acceder a bienes y servicios en igualdad de condiciones y sin discriminación.

El reglamento establece requisitos y obligaciones para facilitar información y comunicaciones comprensibles mediante herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, los pictogramas, la señalización accesible y las soluciones tecnológicas. Estas medidas se aplicarán en ámbitos esenciales como la sanidad, los transportes, las telecomunicaciones, los espacios públicos, las administraciones públicas, la Justicia, el empleo, la cultura y los procesos electorales.

La norma beneficiará especialmente a personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral adquirido, problemas de salud mental o parálisis cerebral. Su enfoque es universal y también incluye a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

Se trata del primer marco normativo transversal sobre accesibilidad cognitiva aprobado en España y establece requisitos para las administraciones públicas y los prestadores privados de bienes y servicios. Para facilitar su aplicación, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva elaborará guías y desarrolla iniciativas destinadas a hacer más comprensibles trámites como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, la expedición del DNI o la regularización de personas migrantes.