La transparencia que viene: qué le exigirá la ciudadanía a la próxima legislatura

A esa exigencia se llega después de una legislatura marcada por acontecimientos de gran impacto en la memoria colectiva y en la confianza ciudadana en las instituciones: las inundaciones de la dana en la Comunidad Valenciana, el apagón nacional de abril de 2025, los accidentes ferroviarios o el colapso de la frontera de Ceuta ante la entrada masiva de inmigrantes. La respuesta política a estas crisis ha sido cuestionada, y con ella la capacidad de los poderes públicos para rendir cuentas de forma comprensible. De ahí que la transparencia se reivindique como un pilar esencial del sistema democrático y del Estado de Derecho, tal y como se puso de manifiesto en el Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT 2026), celebrado en Santiago de Compostela a finales de septiembre.

El CIT 2026 reunió a algunas de las figuras más destacadas del ámbito de la transparencia en España y puso sobre la mesa demandas que cobran ahora especial relevancia ante la próxima cita con las urnas: información accesible y comprensible, consecuencias ante el incumplimiento de las resoluciones de los órganos garantes, educación digital y reformas legislativas pendientes para que el derecho a saber no se quede en el papel.

El director del Congreso, Manuel Sánchez de Diego, destacó en el acto inaugural que la promoción y la defensa de la transparencia y el buen gobierno son pilares fundamentales de una democracia avanzada. También recordó que la “batalla por la transparencia” comenzó en España hace 20 años, cuando se reclamaba una ley de acceso a la información pública. La asistencia de más de 400 personas —entre funcionarios, académicos, políticos, profesionales y representantes de la sociedad civil— demuestra el interés y el compromiso con estas materias. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Aunque se han logrado avances notables, Sánchez de Diego recordó que “la información pública pertenece a todos los ciudadanos, no a funcionarios o políticos, y una democracia avanzada necesita transparencia”.

A partir de este diagnóstico, el congreso abordó algunos de los principales desafíos para la cultura de la transparencia: la inteligencia artificial, la burocracia en los procedimientos de solicitud, la gestión de los secretos oficiales y la educación digital de la ciudadanía.

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Transparencia real y efectiva

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos, señaló la necesidad de reflexionar sobre los numerosos desafíos que afronta hoy la transparencia. A su juicio, hacer transparente la Administración pública exige ir más allá de facilitar documentos y datos: “Resulta crucial garantizar la entrega de información veraz, confiable, segura y comprensible que permita combatir la desinformación y las fake news”.

Campos defendió, además, que la Administración utilice las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios a la ciudadanía, siempre que se garantice la transparencia, especialmente cuando los algoritmos toman decisiones que afectan a las personas, como la concesión de becas o de contratos públicos. Entre sus propuestas figuran la colaboración entre instituciones para proteger el derecho a saber y garantizar una transparencia real y efectiva, así como que la desobediencia a las resoluciones de los órganos garantes tenga consecuencias reputacionales para las instituciones.

Por su parte, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, reflexionó sobre el avance de la transparencia, que concibió como una obligación de respeto hacia la ciudadanía, a la que los cargos públicos deben rendir cuentas por los recursos y las responsabilidades que les confía. Rueda destacó algunos avances, como la publicación de declaraciones de bienes e intereses y de agendas, así como la identificación de los funcionarios que toman decisiones. No obstante, señaló que aún quedan cuestiones pendientes: saber cómo se gastan los recursos, cómo se toman las decisiones y cuál es el coste de los servicios públicos.

En esa línea, Rueda señaló que la información pública debe ser accesible y comprensible, no solo abundante, para que la ciudadanía pueda conocer el impacto de su participación en los asuntos públicos. Añadió que también hace falta voluntad política para seguir avanzando.

La sociedad civil como impulsor legislativo

Otro debate destacado del CIT 2026 fue la mesa sobre el papel de la sociedad civil en la vigilancia de los poderes públicos para combatir la corrupción. En este foro, las principales organizaciones españolas protransparencia hicieron un llamamiento a no bajar la guardia frente a los “retrocesos” ni a descuidar los asuntos que consideran cruciales para ganar la batalla a la opacidad. Entre sus alertas cabe destacar las siguientes:

• Inacción legislativa. Miguel Ángel Blanes, experto en derecho administrativo y miembro del Foro de Gobierno Abierto, señaló el retraso en la aprobación de leyes como la Ley de Administración Abierta, la Ley de Información Clasificada y la Ley de Registro de Grupos de Interés, y apuntó que sacarlas adelante es una de las acciones clave para salir del estancamiento que padece España en materia de transparencia.
• Derecho fundamental. Carlos Cordero, de Access Info, indicó que el acceso a la información debe reconocerse como un derecho fundamental, ya que fortalece el Estado de derecho y la democracia y sirve, además, como instrumento para defender otros derechos y equilibrar los poderes, tanto públicos como privados.
• Visión preventiva de la sociedad civil. David Martínez, de Transparencia Internacional, subrayó la importancia de la labor preventiva y de observación por parte de la ciudadanía para no ser instrumentalizada por medios o entidades con intereses y agendas parciales. También advirtió del uso de la corrupción como herramienta política entre facciones, puesto que genera un coste institucional y democrático al provocar cierta “fatiga social” que llega a erosionar la confianza en los principios de la lucha anticorrupción.
• Gestión y accesibilidad de la información pública. Pablo Martín, de Political Watch, destacó la necesidad de alfabetización digital y de datos para comprender qué revelan los grandes volúmenes de información publicados por las instituciones.: “Es crucial un lenguaje fácil en el diseño de sistemas de información pública para empoderar a la ciudadanía en el seguimiento y vigilancia”.
• Conflictos de intereses público-privados. Otro aspecto preocupante son las puertas giratorias y los cargos de consejeros que representan al Estado en empresas privadas con participación estatal. Germán Arenas, de Fundación Hay Derecho, explicó que el estudio El Dedómetro muestra que esos nombramientos rotan con cada cambio de gobierno y que muchos consejeros carecen de los méritos y la experiencia necesarios para ocuparlos.

La conclusión de este grupo de expertos es que, para avanzar en transparencia, urge realizar reformas legislativas, fortalecer las instituciones de control, establecer mecanismos de escucha y participación de la sociedad civil y afrontar los desafíos tecnológicos garantizando la transparencia de su uso por parte de la Administración.

Los datos personales no deben ser un muro

La protección de los datos personales es otro de los límites al derecho de acceso a la información pública que más debate suscita. Por ello, una de las intervenciones más esperadas fue la del presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, quien subrayó la necesidad de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la AEPD establezcan criterios comunes y actualizados para ponderar adecuadamente ambos derechos –el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos–, evitando que esta última se convierta en una excusa para la opacidad.

Cotino señaló que existe cierto desequilibrio entre transparencia y protección de datos, pues a menudo se ignora la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información pública, lo que puede conducir a interpretaciones restrictivas. En este contexto, consideró clave el respaldo del Tribunal Supremo a la transparencia en sus sentencias más recientes. El derecho a saber, sostuvo, se consolida progresivamente como un derecho constitucional con contenido propio, aunque formalmente no esté reconocido como derecho fundamental.

Asimismo, consideró necesario precisar los criterios jurídicos que delimitan el acceso a la información y establecer parámetros concretos para cada circunstancia, sector y solicitante.

En conjunto, las aportaciones del congreso apuntan a que los retos actuales —la desinformación, la protección de la privacidad y la inteligencia artificial— deben afrontarse garantizando que la información pública sea accesible, comprensible y fiable. Así, la ciudadanía podrá ejercer su derecho a saber y contribuir a consolidar la transparencia y el buen gobierno como pilares de la democracia y del Estado de derecho.