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Cero de 40: la empleabilidad de la universidad privada aún no se deja comparar
La diferencia es importante. En un asunto que pesa tanto en la decisión de dónde estudiar, una cifra llamativa puede transmitir una impresión de precisión sin aclarar qué se ha medido. ¿Se refiere al empleo a los tres meses o a los dos años? ¿Incluye prácticas? ¿A qué promoción corresponde? ¿Cuántas personas hay detrás del porcentaje? Sin esas respuestas, el lector no puede saber si está comparando realidades equivalentes.
El nuevo indicador de empleabilidad del informe Examen de transparencia 2026 busca responder a esas preguntas con un criterio común: identificar la cohorte, indicar la fecha de corte, publicar cifras absolutas y el porcentaje de titulados empleados en España a los doce meses de graduarse. Cuando el dato procede de una encuesta, también debe incluirse su ficha técnica.
Al aplicar por primera vez ese estándar a una muestra de 40 universidades privadas, ninguna alcanza el cumplimiento pleno. Catorce —el 35 %— cumplen parcialmente: publican estudios de inserción laboral, pero con plazos distintos de los doce meses, sin acreditar que el empleo corresponda específicamente a España o sin una ficha técnica completa. Las 26 restantes —el 65 %— ofrecen, como mucho, información general sobre orientación profesional, bolsas de empleo o testimonios de egresados, pero no datos que permitan verificar resultados de inserción.
El hallazgo no debe confundirse con una evaluación de la empleabilidad real de los titulados. No permite concluir que tengan mejores o peores oportunidades laborales. Lo que sí muestra es que la información publicada no ofrece, en la mayoría de los casos, una base común para valorar esos resultados.
Hasta ahora, las universidades podían comunicar cifras construidas con plazos, poblaciones y métodos distintos. El problema no es que publiquen información complementaria, ni que presenten otros horizontes temporales o desgloses. El problema aparece cuando esos datos se presentan sin contexto suficiente o se convierten en la principal referencia para hablar de inserción laboral, sin que el estudiante pueda interpretarlos.
Publicar datos sobre empleabilidad que puedan entenderse y comprobarse es una se las tareas pendientes para las universidades privadas.
En el sistema público existe desde hace años un indicador compartido: el porcentaje de titulados afiliados a la Seguridad Social en España a los doce meses de graduarse, publicado por el portal estadístico del ministerio competente. La reformulación del indicador para las universidades privadas busca reducir la distancia entre ambos sistemas y facilitar una lectura comparable, no afirmar que todas las trayectorias profesionales puedan resumirse en una única cifra.
Un porcentaje nunca cuenta toda la historia. No explica por sí solo la calidad del empleo, su adecuación a los estudios ni las circunstancias personales de cada titulado. Pero sí puede ser una referencia útil si se sabe qué mide, a quién incluye y cuándo se recogió. Sin esa información básica, ni siquiera es posible empezar a discutir qué significan los resultados.
El primer ejercicio bajo el nuevo criterio deja, por tanto, una tarea pendiente para las universidades privadas: publicar datos que puedan entenderse y comprobarse. No hace falta que todas obtengan los mismos resultados; hace falta que expliquen los suyos de manera que estudiantes y familias puedan compararlos con fundamento.
La empleabilidad puede seguir siendo una parte relevante de la propuesta de una universidad. Pero, cuando se usa para orientar una decisión importante, no basta con anunciarla: hay que mostrar qué evidencia la respalda.


