De la denuncia a los tribunales: así vigila el poder la Fundación Hay Derecho

Eso fue lo que hizo la Fundación Hay Derecho en 2025. En medio de la polémica por la posible integración en Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa propiedad de Ángel Escribano y de su hermano Javier, la organización decidió convertirse en accionista minoritaria de la compañía. Compró una acción de Indra y, desde esa posición, trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus dudas sobre posibles conflictos de interés, problemas de gobierno corporativo, transparencia y deberes de los administradores.

Ángel Escribano era al mismo tiempo presidente de Indra y propietario de la empresa que la cotizada estaba estudiando adquirir. La Fundación consideró que aquella situación merecía algo más que un comentario jurídico o una denuncia en los medios, y decidió utilizar los mecanismos disponibles para un accionista y pedir al supervisor que examinara el proceso.

La CNMV no sancionó a Indra como consecuencia de la denuncia de la Fundación, ni existe una resolución que establezca que su actuación provocó el desenlace. Pero sí que, como primer paso, Indra creó en julio de 2025 una comisión ad hoc integrada por consejeros independientes y aprobó un protocolo específico para gestionar los conflictos de interés durante el análisis de la operación. En diciembre, el consejo consideró que una potencial operación con EM&E era coherente con la estrategia de Indra, aunque dejó claro que aquello no suponía aprobarla.

Unos meses después, el 18 de marzo de 2026, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria del 2% de Indra, comunicó a la compañía su preocupación por la influencia que el conflicto de interés estaba teniendo en el análisis de la operación y sostuvo que ese conflicto debía resolverse antes de continuar. Al día siguiente, EM&E comunicó que se retiraba y el consejo de Indra dio por concluido el análisis.

Hay Derecho no tiene poder para imponer decisiones ni capacidad sancionadora. Su influencia es indirecta y su trabajo se sitúa en un terreno donde, como recuerda Fernando Jiménez Sánchez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, “la sociedad civil organizada es absolutamente trascendental”. Para Jiménez, que lleva años investigando la corrupción y la calidad institucional, estas organizaciones pueden generar la presión necesaria para que los partidos y responsables políticos acepten limitar voluntariamente su propio poder.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Cómo hacer que la transparencia se cumpla
– Cuando la ciudadanía toma la palabra para desbloquear la política

De una acción a un modelo de vigilancia

La Fundación Hay Derecho nació como un blog de actualidad jurídica y política impulsado por un grupo de juristas. Entre sus primeros editores estaban Elisa de la Nuez, Fernando y Javier Gomá, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena.

Su punto de partida era que la existencia de normas no garantiza por sí sola que el sistema funcione. La experiencia de la crisis económica y financiera había mostrado, según explica Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, cómo una regulación deficiente y unos controles institucionales insuficientes podían terminar perjudicando precisamente a quienes disponían de menos capacidad para defenderse.

Aquella primera etapa estaba muy centrada en escribir y analizar. Con el tiempo, sus impulsores llegaron a la conclusión de que el blog se quedaba corto para intervenir en determinados problemas. La Fundación se constituyó jurídicamente en 2014 y comenzó su actividad como organización en 2015. Hoy su sede está en Madrid y combina un equipo profesional con una red de colaboradores y expertos: perfiles jurídicos, investigadores, especialistas en datos y profesionales de la comunicación.

Para David Martínez, director ejecutivo de Transparency International España, la sociedad civil debe combinar tres capacidades: escrutinio independiente, generación de conocimiento y datos fiables, y exigencia de rendición de cuentas. Su combinación es la que, a su juicio, permite construir el principal activo de estas organizaciones: la credibilidad.

Los datos más recientes del World Justice Project (WJP), organización internacional que analiza el Estado de derecho en distintos países, apuntan en una dirección similar. Natalia Jardon, directora de Communications & Digital Innovation de la organización, señala que la arquitectura española de controles y contrapesos continúa por encima de la media mundial, pero advierte de un deterioro en tres canales de rendición de cuentas: el control parlamentario del Ejecutivo, los controles judiciales sobre el Gobierno y la sanción de conductas indebidas de los cargos públicos.

El índice del WJP muestra que el indicador de control legislativo del Ejecutivo pasó de 0,76 en 2020 a 0,67 en 2025, mientras que el de control judicial descendió de 0,66 a 0,62. También cayó el papel de medios, sociedad civil y partidos como mecanismos no gubernamentales de vigilancia, de 0,72 a 0,67. La auditoría y revisión independiente constituye la excepción, con una ligera mejora hasta 0,72.

En este contexto, WJP considera que medios y sociedad civil adquieren una importancia creciente como “segunda línea de defensa”. Solo el 46% de los españoles considera que los medios pueden criticar libremente las políticas del Gobierno sin temor a represalias, frente al 55% de media en la Unión Europea.

El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2026 vuelve a examinar en España cuestiones como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la contratación pública y los mecanismos de control entre poderes, e incorpora las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil. España obtuvo 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de 2025 y ocupó el puesto 49 de 182 países. El problema, por tanto, no es que todas las instituciones funcionen mal, sino que incluso en democracias consolidadas pueden existir grietas suficientes para que los controles fallen cuando más se necesitan. Ahí es donde Hay Derecho intenta intervenir.

Investigar antes de denunciar

La Fundación no pretende responder a cada polémica política. Los asuntos llegan a su radar a partir del análisis de su equipo y de las aportaciones de expertos y voces externas. Para decidir dónde concentrar sus recursos, prioriza, según explica Safira Cantos, aquellas cuestiones en las que identifica “un déficit importante en el funcionamiento institucional”, que afectan a los ciudadanos y en las que puede aportar conocimiento, experiencia o análisis de datos.

Antes de iniciar una investigación, la Fundación combina datos y criterios objetivos, fuentes públicas, conocimiento técnico y contraste con expertos, e intenta que sus análisis atraviesen diferentes legislaturas para distinguir entre una decisión coyuntural y un problema estructural.

Su actividad combina investigación propia, análisis jurídico, datos, comunicación y, cuando es necesario, acción judicial. En algunos proyectos trabaja además con universidades, organismos públicos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Ese rigor metodológico es, para David Martínez, una condición imprescindible del escrutinio ciudadano, que debe distinguir siempre entre una señal de riesgo y una conducta acreditada. “Un indicador de riesgo es un punto de partida para el escrutinio, no una prueba de responsabilidad” explica.

La advertencia adquiere especial relevancia a medida que las organizaciones incorporan grandes volúmenes de datos, sistemas automatizados e inteligencia artificial. Estas herramientas pueden mejorar la capacidad para identificar irregularidades, pero Martínez considera que también obligan a extremar la transparencia sobre las metodologías, las fuentes y sus limitaciones.

El caso Indra muestra el siguiente paso: cuando la investigación detecta un problema que requiere actuación, el análisis se convierte en acción pública. La Fundación lo resume como: investigación para la acción. La comunicación forma parte de ese mecanismo: los informes llegan a los medios, se presentan mediante formatos interactivos y se adaptan a distintos niveles de lenguaje. En otros ámbitos, la herramienta puede ser un informe, una campaña, una petición, una denuncia pública o, cuando existen fundamentos suficientes, un procedimiento judicial.

La independencia también se financia

La independencia de una organización que vigila a las instituciones no depende solo de su metodología, sino de quién sostiene económicamente su actividad. Hay Derecho ha apostado por una comunidad de socios individuales que supera ya los 1.700, frente a los 50 que tenía en 2022.

Según explica Safira Cantos, dos momentos han resultado especialmente movilizadores: la campaña contra la ley de amnistía, que permitió convertir un análisis jurídico en una acción ciudadana y movilizar a personas que compartían la preocupación de la organización sobre la separación de poderes.

El segundo fue la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, al considerar que no reunía el requisito legal de ser jurista de reconocido prestigio. La Fundación considera que aquella victoria tuvo un efecto movilizador porque mostró que la participación ciudadana podía traducirse en un resultado jurídico concreto.

La lucha contra la corrupción constituye otro de los grandes ejes de sus campañas. Pero Cantos insiste en que la organización intenta evitar el eslogan y trabajar a partir de investigaciones y datos.

En 2025, el 70% de sus ingresos procedió de esta base de donantes, según Cantos; un 15% correspondió a fondos públicos y otro 15% a aportaciones de otras fundaciones sociales. La Fundación no acepta donaciones de grandes empresas que puedan comprometer su independencia, aunque sí puede recibir apoyo de pymes u otras fundaciones. Entre 2024 y 2026 gestionó fondos públicos vinculados a programas concretos —protección de alertadores de corrupción y proyectos con universidades—, pero no recibe subvenciones destinadas a financiar estructuralmente su funcionamiento.

En 2025, el 70% de sus ingresos procedió de esta base de donantes, según Cantos; un 15% correspondió a fondos públicos y otro 15% a aportaciones de otras fundaciones sociales. La Fundación no acepta donaciones de grandes empresas que puedan comprometer su independencia, aunque sí puede recibir apoyo de pymes u otras fundaciones. Entre 2024 y 2026 gestionó fondos públicos vinculados a programas concretos —protección de alertadores de corrupción y proyectos con universidades—, pero no recibe subvenciones destinadas a financiar estructuralmente su funcionamiento.

Para Fernando Jiménez, esta independencia resulta esencial: estas organizaciones deben mantener los mismos estándares esté quien esté en el poder y no ponerse nunca al servicio de los intereses de un partido. “Es un camino duro, pero el único que te permite llevar adelante tu labor con rigor y generando confianza en los ciudadanos”, señala. Los “Pepitos Grillos”, añade, “nunca son personajes que gocen de gran popularidad”.

Una independencia que también se cuestiona

La pretensión de independencia de Hay Derecho no ha evitado las críticas sobre su posicionamiento ideológico, especialmente durante el debate sobre la ley de amnistía.

Para Safira Cantos, el crecimiento de la comunidad tiene que ver precisamente con la voluntad de mantener una posición independiente respecto de las afinidades partidistas. “Defendemos las reglas del juego, no el resultado del partido, afecte a quien afecte”, resume. En un escenario político cada vez más polarizado, esa pretensión de aplicar los mismos criterios a todos los actores se ha convertido en una parte central de la identidad de la organización.

El Dedómetro: cuando el problema puede medirse

El Dedómetro es otra muestra de esta metodología. Analiza el mérito, la capacidad y la independencia de quienes dirigen empresas públicas, sociedades participadas por la SEPI y otros entes públicos, examinando perfiles profesionales, trayectorias y rotación de puestos. Hay Derecho ha publicado ediciones estatales y de varias comunidades autónomas —Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía—.

La pregunta inicial es: ¿se elige a quienes dirigen estas organizaciones por su preparación e idoneidad o pesan también criterios de carácter político? Si los nombramientos no responden a criterios profesionales, el problema no es solo de ética pública: también puede afectar a la eficiencia con la que se gestionan miles de millones de euros.

Cuando la vigilancia llega a los tribunales

Hay ocasiones en las que el análisis no termina en un informe ni en una denuncia. Puede llegar a los tribunales. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía el requisito legal de ser jurista de reconocido prestigio.

La sentencia tuvo una consecuencia adicional especialmente importante: el Tribunal Supremo reconoció la legitimación activa de Hay Derecho para recurrir ese tipo de nombramientos, abriendo una vía de control en ámbitos donde puede no existir un ciudadano directamente afectado con incentivos suficientes para acudir a los tribunales. Los nombramientos discrecionales son precisamente uno de los terrenos donde el control ciudadano resulta más difícil.

Pero también el litigio estratégico tiene sus límites. Antes de esta sentencia, la Audiencia Nacional había denegado esa legitimación a Hay Derecho en otro recurso, mostrando que no todos los problemas institucionales pueden resolverse en los tribunales. Una parte del aprendizaje consiste en saber cuándo existe una vía jurídica y cuándo es necesario recurrir a otras herramientas.

Del caso concreto a la agenda pública

Medir si todo esto funciona es mucho más difícil. Hay Derecho utiliza varios indicadores: más de 160.000 personas han apoyado alguna de sus iniciativas, sus trabajos reciben atención de instituciones nacionales e internacionales, ha contribuido al diagnóstico de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España y sus informes han sido citados en debates parlamentarios en el Congreso y el Senado.

Hay otro tipo de impacto, más difícil de medir pero fundamental: conseguir que un problema entre en la agenda pública. En octubre y noviembre de 2025, cuando la Fundación puso el foco sobre la potencial adquisición de EM&E, el asunto ya generaba controversia en torno a la estructura accionarial y al consejo de la compañía. Meses después de que Hay Derecho pidiera a la CNMV que investigara posibles infracciones, la SEPI trasladó formalmente a Indra su preocupación por el conflicto de interés. Al día siguiente, EM&E se retiró y el proceso terminó.

El World Justice Project apunta precisamente a la importancia de estos actores no gubernamentales cuando los controles institucionales se debilitan. En España, solo el 37% de los encuestados considera que el Gobierno colabora con la sociedad civil en el diseño de políticas públicas, frente al 44% de media en la UE.

David Martínez defiende un cambio de enfoque: no solo detectar una irregularidad cuando ya se ha producido, sino identificar los riesgos que pueden hacerla posible.

Los datos se convierten en una herramienta de control

La contratación pública es otro ámbito donde Hay Derecho ha empezado a trabajar, bajo la premisa de que no basta con que los datos existan: tienen que ser accesibles, comparables y fiables. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha advertido de problemas relacionados con la calidad de esos datos.

La OCDE impulsa el paso desde modelos basados en comprobaciones posteriores hacia sistemas capaces de identificar riesgos de forma anticipada mediante datos y herramientas digitales: una competencia anormalmente baja, adjudicaciones reiteradas a determinados proveedores o modificaciones frecuentes pueden funcionar como señales de alerta. Alrededor de la mitad de los países analizados por la OCDE ya utilizan herramientas de análisis de datos o inteligencia artificial con ese fin.

Hay Derecho ha empezado a trabajar en un sistema propio de indicadores de transparencia en la contratación pública, combinando conocimiento jurídico y tecnológico para identificar patrones de riesgo a gran escala.

El éxito no siempre consiste en ganar

Hay Derecho no puede imponer decisiones ni garantizar que sus propuestas sean aceptadas. Su poder es indirecto: conocimiento, legitimidad, capacidad de comunicación, movilización social y utilización de los mecanismos jurídicos existentes.

Safira Cantos insiste en que el conocimiento solo tiene sentido si se convierte en acción. Fernando Jiménez añade que la presión de la sociedad civil es necesaria para que quienes gobiernan acepten límites a su propio poder. David Martínez introduce un matiz complementario: “para que esa vigilancia sea efectiva y preserve su legitimidad debe apoyarse en datos fiables, métodos transparentes y una clara distinción entre detectar un riesgo y demostrar una responsabilidad”.

El episodio de Indra es un ejemplo de ello: no porque Hay Derecho consiguiera decidir el destino de una operación empresarial, sino porque mostró que incluso un actor pequeño puede encontrar una grieta por la que entrar en sistemas de poder mucho mayores, utilizar las reglas existentes y conseguir que una cuestión técnica pase a formar parte de la conversación pública.