Las entidades del tercer sector podrán ser reconocidas como colaboradoras del Estado

Para obtener este reconocimiento oficial, las entidades deberán cumplir requisitos estrictos de trayectoria y transparencia. Entre ellos, el Gobierno exige una antigüedad mínima de cinco años de actividad de interés general, disponer de estructura y medios suficientes, y contar con certificados de sistemas de evaluación de calidad. Además, se prohíbe que los miembros de sus órganos de representación perciban retribuciones con cargo a fondos o subvenciones públicas.

Una de las grandes novedades de la norma es la creación de un marco estable para coordinar la participación de las organizaciones en situaciones de emergencia. En casos de necesidad social sobrevenida —como crisis climáticas o sanitarias—, la intervención de estas entidades se articulará mediante planes de actuación específicos. Esto permitirá a la Administración aprovechar la cercanía del tercer sector para que la ayuda llegue con mayor rapidez a las personas más vulnerables.

Según destaca el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el objetivo del reconocimiento oficial es “asegurar un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta de las necesidades de los grupos afectados y un óptimo aprovechamiento de los recursos”.

Las entidades que logren el distintivo oficial de ‘entidad colaboradora’ disfrutarán de beneficios operativos con el Estado. El Real Decreto contempla la simplificación documental en los procesos de solicitud de subvenciones y la capacidad de suscribir convenios específicos de colaboración, lo que reducirá la carga burocrática y aportará mayor seguridad jurídica a la relación entre la sociedad civil y las instituciones públicas.

Para velar por el cumplimiento de estos estándares, se creará una Comisión de Evaluación en la que participarán representantes de diez ministerios. Este órgano, presidido por el Ministerio de Derechos Sociales, será el encargado de valorar las solicitudes y supervisar que las entidades reconocidas presenten anualmente una memoria de actividades, estando sujetas en todo momento a un Plan de Evaluación y Control por parte de la Secretaría de Estado.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha celebrado la aprobación del Real Decreto ya que implica un “avance significativo en el reconocimiento institucional de las entidades sociales, en la colaboración público-cívica y en el fortalecimiento del diálogo civil”.