Los regalos de Zapatero y el arado de Cincinato

La polémica en torno a José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que en España aparece de forma recurrente: la relación entre regalos, poder e influencia. Conviene ser prudentes. Corresponde a los tribunales determinar hechos, fechas, valores, orígenes y posibles responsabilidades; un artículo de opinión no debe sustituir a una instrucción judicial ni convertir sospechas en certezas.

Pero precisamente por eso resulta necesario situar el debate en otro plano: no en el de la responsabilidad penal, sino en el de la ética pública y la ejemplaridad exigible a quienes han ocupado las más altas responsabilidades políticas.

La cuestión relevante no es solo si una conducta fue legal, ilegal, sancionable o prescrita, sino si resulta aceptable que quienes ocupan o han ocupado altos cargos reciban regalos valiosos y los presenten como simples gestos de cortesía.

La prudencia que exigen empresas y profesiones

El problema de los regalos no empieza en el BOE. Empieza mucho antes, en una regla elemental que cualquier organización seria conoce desde hace décadas: quien ocupa una posición de responsabilidad no debe aceptar obsequios que puedan comprometer, o siquiera aparentar comprometer, su independencia.

Lo sabe cualquier profesional en cuyo trabajo un regalo puede levantar sospechas: el juez, el directivo de compras, el periodista, el funcionario responsable de tramitar expedientes o el médico que recibe atenciones de un laboratorio. No es una exigencia arbitraria y desproporcionada. Es la base de cualquier comportamiento ético.

En muchas empresas privadas, aceptar un regalo de cierto valor exige declararlo, pedir autorización, devolverlo o entregarlo a la compañía. No hace falta que exista un soborno probado para que salten las alarmas. Basta con que exista un riesgo de conflicto de intereses. Basta con que el obsequio venga de alguien que tiene, tuvo o puede tener interés en una decisión. Basta, incluso, con que se genere una apariencia razonable de dependencia, gratitud o trato preferente.

Y ahí surge una paradoja difícil de justificar. En el ámbito empresarial, nadie considera extraño que existan límites estrictos a la aceptación de regalos. Nadie se escandaliza porque un empleado tenga que solicitar autorización para aceptar una invitación, rechazar un viaje o entregar un obsequio recibido por razón de su puesto. Se entiende como una exigencia ética consustancial para prevenir posibles riesgos y asegurar la independencia e integridad profesional.

Sin embargo, cuando abordamos el terreno político, surgen excusas que en una empresa resultarían inaceptables: que era una costumbre, que fue un regalo personal, que no condicionaba nada, que no había una norma suficientemente clara, que se trataba de cortesía institucional.

Pero si una empresa que, al fin y al cabo, persigue intereses privados, exige prudencia a un empleado para proteger su independencia, ¿cómo no vamos a exigir más prudencia a quien es responsable de gestionar bienes públicos?

La política exige un estándar más alto

En política el riesgo no es menor que en la empresa privada. Es mayor. En una compañía, un regalo indebido puede alterar una decisión corporativa, favorecer a un proveedor o dañar la confianza interna en un procedimiento. En la política, el daño potencial alcanza al interés general y merma la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Aceptar un regalo valioso no es problemático solo porque pueda esconder un soborno. Esa es la versión más legalista y limitada del problema. El verdadero riesgo es más amplio: el regalo crea relación, cercanía, gratitud, expectativa de reciprocidad y, en ocasiones, acceso privilegiado.

Quien regala algo valioso al poder rara vez lo hace sin un motivo. Se regala a quien decide, a quien puede decidir, a quien decidió o a quien conserva influencia sobre quienes deciden. Puede ser una cortesía protocolaria, sí. Pero también puede ser una forma de desarrollar futuros vínculos, de generar simpatía, de recordar una relación o de preparar una puerta para el futuro.

Todos recordamos la escena inicial de El Padrino, Don Vito Corleone recibe a Amerigo Bonasera en su despacho, que le pide ayuda para vengar a su hija maltratada por su novio. Don Corleone le reprocha no haber buscado su ayuda con mayor respeto antes. Accede a hacerle el favor y termina advirtiéndole: “Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio”.

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Por eso los regalos a los responsables públicos deben valorarse con más severidad que los regalos en otros ámbitos. No porque todo obsequio busque comprar voluntades o persiga una intención deshonesta, sino porque el poder público debe preservar su integridad blindándose con medidas eficaces y no confiar en criterios subjetivos o explicaciones privadas, reconstruidas años después, sobre objetos de valor recibidos en contextos donde, quien entrega, siempre espera algo de quien recibe.

La corrupción no empieza siempre con una maleta de dinero. A veces comienza con una frase aparentemente inofensiva: “esto se ha hecho siempre así”. Esa normalización es corrosiva porque convierte sin más el uso en virtud, sin reconocer que hay hábitos que siempre serán nocivos, denominados vicios, por muy arraigados que estén en la sociedad. La costumbre no redime al vicio; solo revela cuánto una sociedad se ha habituado a convivir con su propia decadencia. Y cuando la costumbre sirve para justificar regalos valiosos al poder, se socava la confianza en las instituciones de un modo que el derecho, por sí solo, difícilmente puede restablecer por completo.

La dignidad del retiro

Hay una dimensión de la ética pública que suele quedar fuera del debate: la del retiro. Nos hemos acostumbrado a juzgar a los dirigentes por lo que hacen mientras gobiernan, pero raramente por lo que hacen cuando dejan de hacerlo. Y, sin embargo, la forma en que un político gestiona su influencia, sus contactos y su prestigio una vez abandonado el cargo dice tanto o más de él que cualquier decisión tomada desde el poder.

Entre las prácticas que definen una retirada digna, la más elemental es la distancia. Alejarse del núcleo del poder, no frecuentar sus antesalas ni sus ceremonias, resistir la tentación de seguir siendo convocado. A ello se suma la prudencia en la actividad privada posterior: rechazar consejos de administración cuya única razón de ser es el acceso que proporciona el apellido del exmandatario, declinar nombramientos en instituciones donde la influencia pasada cotiza como moneda de cambio. Y junto a todo ello, el silencio. No el silencio de quien elude la responsabilidad, sino el de quien comprende que su voz sigue teniendo un peso institucional que ya no le corresponde ejercer con la misma frecuencia ni con la misma centralidad.

La historia tiene un nombre para esto: Cincinato. Lucio Quincio Cincinato fue nombrado dictador de Roma en el año 458 antes de Cristo, cuando un ejército enemigo tenía cercadas a las legiones romanas y la República entera pendía de un hilo. Los emisarios del Senado lo encontraron arando su pequeña finca al otro lado del Tíber. Se limpió las manos, escuchó el encargo, aceptó el mando y en apenas dieciséis días deshizo el cerco y derrotó al enemigo. Hasta ahí, la historia de un general eficaz. Lo que convierte a Cincinato en algo más es lo que hizo a continuación: renunció a la dictadura sin haber agotado ni la mitad de su plazo legal, rechazó honores y celebraciones y volvió a su finca a retomar el arado. El mismo arado que había dejado apoyado en la tierra cuando llegaron a buscarlo. En ese gesto —soltar el poder y volver al arado— está contenida una filosofía entera sobre la relación entre el ciudadano y la magistratura que ejerce.

La trayectoria de José Luis Rodríguez Zapatero desde que abandonó La Moncloa en 2011 apunta en una dirección exactamente opuesta. Su actividad posterior no ha consistido en alejarse del poder sino en orbitar permanentemente a su alrededor: mediaciones internacionales en nombre propio, intervenciones en conflictos de alto voltaje geopolítico, presencia constante en foros, etc. Lejos de decrecer, esa presencia ha ido creciendo con el paso de los años, acercándose cada vez más al núcleo de decisión del partido que él mismo lideró. Sin cargo, sin mandato y sin rendición de cuentas ante nadie, pero con la influencia intacta de quien sabe que su apellido todavía abre puertas que a un ciudadano corriente le están vedadas. A diferencia de Cincinato, Zapatero no volvió a buscar ningún arado. Prefirió quedarse cerca del surco que otros estaban labrando.