Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia crecen un 60%

Estas reclamaciones proceden de ciudadanos que no están conformes con la respuesta recibida de una administración pública a una solicitud de información, o que directamente no han obtenido contestación. Del total de expedientes recibidos entre enero y junio, 1.211 corresponden a reclamaciones frente a ministerios y entidades del sector público estatal, mientras que 547 se dirigieron contra administraciones, organismos y entidades autonómicas y locales de comunidades que han atribuido esta competencia al Consejo mediante convenio.

El aumento confirma una tendencia al alza que ya se venía observando en ejercicios anteriores. En 2025, el CTBG recibió 2.767 reclamaciones, un 40% más que en 2024. En 2026, el ritmo se ha intensificado: solo en mayo se registraron 343 reclamaciones, un 80% más que en el mismo mes del año anterior.

Para la presidenta del Consejo, Concepción Campos, este crecimiento refleja el avance de la cultura de la transparencia, pero también evidencia la necesidad de reforzar los recursos de la institución. Campos señala que la función de garantía del derecho de acceso a la información pública “no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales” y reclama una dotación acorde con el volumen real de trabajo.

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El organismo también advierte de que los expedientes son cada vez más complejos, en parte por la aparición de nuevas demandas de información vinculadas al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y su uso creciente por parte de las administraciones públicas.

Sin embargo, los recursos del CTBG permanecen estables. La institución cuenta con una plantilla de alrededor de una treintena de personas, además de la Presidencia, y un presupuesto de 3,38 millones de euros, cifras que no han variado desde 2023.

Además de resolver reclamaciones sobre acceso a la información pública, el Consejo evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades públicas y privadas, elabora criterios interpretativos y recomendaciones, atiende consultas de sujetos obligados e impulsa actividades de formación y sensibilización dirigidas a empleados públicos.

El incremento de reclamaciones, por tanto, muestra una ciudadanía más activa en el ejercicio de su derecho a saber, pero también plantea un reto institucional: garantizar que el sistema de transparencia pueda responder en plazo y con calidad a una demanda creciente.