82.000 millones: lo que le falta a Europa para ser circular

La estimación se apoya en un estudio conjunto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado en abril con el título Transitioning to a circular economy: Closing the investment gap in Europe, según el cual la inversión anual en actividades circulares en la Unión Europea ronda ya los 120.000 millones de euros, impulsada sobre todo por el sector privado. Cerrar ese desfase respecto a los objetivos aprobados exigiría elevar esa cantidad un 68%, hasta unos 202.000 millones anuales entre 2025 y 2040.

Ambos documentos aparecen en un momento en el que la Comisión Europea ha situado la circularidad dentro del Clean Industrial Deal, su plan de política industrial presentado en febrero de 2025, que incluye el objetivo de duplicar la tasa de uso circular de materiales de la UE hasta el 24% en 2030.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, esa tasa se situaba en el 12,2% en 2024 y muestra una tendencia estancada, mientras casi nueve de cada diez materiales que entran en la economía europea siguen siendo recursos vírgenes y el déficit comercial de la UE en materias primas alcanzó los 29.000 millones de euros en 2023.

Para las empresas que operan en España y en el resto de la Unión Europea, las consecuencias de este marco regulatorio ya son operativas: el contenido reciclado obligatorio en envases, el derecho a la reparación y los requisitos de ecodiseño son normas en vigor o en proceso de transposición, mientras que la futura Circular Economy Act pretende crear un mercado único de materias primas secundarias.

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Qué mide la brecha y dónde se concentra

La brecha estimada por la AEMA no se reparte de manera uniforme entre sectores ni entre fases del ciclo de vida de los productos, y el propio informe identifica las mayores carencias en las fases de diseño de producto y gestión del final de vida útil.

Por sectores, las distancias más amplias se concentran en la construcción, el textil y las baterías y vehículos, tres actividades intensivas en materiales y con cadenas de valor largas. Ese reparto refleja hacia dónde ha ido históricamente el dinero circular, concentrado en la gestión de residuos, mientras las fases donde se decide la circularidad real de un producto (cómo se diseña, cómo se recupera) siguen infrafinanciadas.

El estudio del BEI y la Comisión, que aporta la base metodológica del cálculo, partió de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2023 que alertaba de la lentitud en la movilización de fondos para economía circular, y midió niveles de inversión y necesidades pendientes con datos del periodo 2018-2024.

Su conclusión coincide con la de la AEMA en que la inversión ha crecido, pero no al ritmo que exigen los objetivos ya adoptados, y los vacíos más graves están en el diseño circular y en la infraestructura de fin de vida.

Frente a ese esfuerzo inversor pendiente, los beneficios de acelerar la circularidad aparecen cuantificados en un segundo documento de la AEMA, The environmental and climate benefits of a circular economy, que estima que un conjunto de 17 acciones circulares podría reducir el impacto de la UE sobre el cambio climático en un 22% (casi mil millones de toneladas de CO2 equivalente), su contribución a la pérdida de biodiversidad en un 19% y la contaminación por partículas finas en un 25%. Los cálculos se basan en la modelización de medidas concretas en sectores como la vivienda, la minería, la alimentación y la movilidad.

A esos efectos ambientales se añade un componente de seguridad económica que el análisis de la AEMA también recoge, puesto que una circularidad reforzada reduciría en torno a un 20% la dependencia europea de minerales de aluminio, níquel y metales del grupo del platino extraídos en otras regiones, y un 12% en el caso del cobre.

En una economía donde cada ciudadano consume 14,4 toneladas de materiales al año, la capacidad de recuperar valor del stock ya existente en edificios, infraestructuras y maquinaria se convierte en una variable de competitividad industrial con peso propio.

Por qué el capital no llega a los proyectos circulares

Si los beneficios están medidos y la demanda regulatoria crece, la explicación de la brecha hay que buscarla en las condiciones de financiación, un terreno en el que el BEI lleva años señalando que los proyectos circulares presentan con frecuencia un perfil de riesgo superior al de sus alternativas lineales: modelos de negocio nuevos, mercados de materias primas secundarias poco profundos, ingresos que dependen de normas todavía en desarrollo y activos difíciles de valorar como garantía.

A ese perfil de riesgo se suma una estructura de precios que juega en contra de los materiales recuperados, ya que mientras el material virgen no incorpore sus costes ambientales y el reciclado cargue con los de recogida, clasificación y tratamiento, el diferencial resultante deja a la circularidad en desventaja.

Los propios Estados miembros, en las consultas sobre la futura Circular Economy Act, han señalado la necesidad de cerrar la diferencia de precios entre materiales vírgenes y reciclados como condición para que los mercados secundarios funcionen.

El informe de la AEMA añade una tercera capa, menos visible pero decisiva, relacionada con la arquitectura de la información financiera. La Taxonomía europea de actividades sostenibles no está diseñada de forma que permita mapear las inversiones vinculadas a estrategias circulares.

Los estándares de divulgación del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) tampoco permiten cuantificar plenamente los beneficios de los negocios circulares, de modo que esas ventajas quedan fuera de las decisiones de financiación.

A ello se añade que el reporte sobre uso de recursos y economía circular bajo la Directiva de Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) se encuentra todavía en una fase temprana. El resultado es que un inversor institucional que quisiera orientar capital hacia la circularidad dispone de menos herramientas de clasificación y medición que en otros ámbitos, como el clima.

El peso de la financiación pública en este mercado resulta por ahora reducido, como indican los datos del laboratorio de métricas de circularidad de la AEMA. El crédito del BEI a proyectos circulares alcanzó los 5.100 millones de euros en el periodo 2020-2024, más del doble que una década antes, pero apenas el 1,54% de su financiación total.

Ambos informes coinciden en que los presupuestos públicos carecen de capacidad para cubrir el déficit inversor, y asignan al dinero público una función más realista como es la de reducir el riesgo de los proyectos mediante instrumentos combinados y financiación a largo plazo que atraigan al capital privado.

Lo que la brecha significa para las empresas

La traducción empresarial de todo lo anterior empieza por la regulación que ya está en el calendario, con la Circular Economy Act como pieza principal, cuya propuesta legislativa está prevista para el tercer trimestre de 2026 con el objetivo de crear un mercado único de materias primas secundarias.

Según los trabajos preparatorios de la Comisión, la iniciativa explora criterios armonizados de fin de condición de residuo, la reforma de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, criterios de compra pública y medidas específicas para el residuo electrónico, del que se recicló apenas un 30,8% en 2023.

En paralelo, las obligaciones de contenido reciclado empiezan a reordenar los contratos de suministro, puesto que la legislación europea exige desde 2025 un 25% de contenido reciclado en las botellas de PET y el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, en vigor desde febrero de 2025 y de aplicación general a partir de agosto de 2026, refuerza los objetivos y armoniza las reglas del mercado interior para materiales secundarios.

El diseño de producto concentra otra parte de las decisiones que las empresas tendrán que tomar en los próximos ejercicios, ya que el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) irá fijando requisitos de durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado por categorías, y la Directiva 2024/1799 sobre reparación de bienes debe estar transpuesta en los Estados miembros, España incluida, antes del 31 de julio de 2026.

Para las direcciones financieras, la lectura conjunta de los informes de 2026 describe un mercado por desarrollar en recogida, clasificación, reciclado de alta calidad y remanufactura, con el BEI y la Comisión favoreciendo nuevas capacidades y proyectos. Pero la oferta de material secundario sigue siendo limitada en varios segmentos y buena parte de la capacidad necesaria todavía no existe o no tiene escala suficiente. En ese punto se concentra una parte importante de la distancia entre los objetivos europeos y la base material necesaria para sostenerlos.