El desperdicio alimentario repunta ante el primer gran examen de la nueva ley

El dato optimista es que el desperdicio ha caído un 19,2% desde 2020, es decir, 269 millones de kilos menos. Pero una premisa sigue quedando clara: “el alimento más caro es el que acaba en la basura”, según resumió el propio ministro del gremio, Luis Planas, durante la presentación del documento. La ‘lectura incómoda’  está en la letra pequeña de la serie histórica: entre 2020 y 2022 el descenso fue importante, con caídas anuales del 8,4% y el 7,1%, pero después se fue apagando: −1,2% en 2023, −4,4% en 2024, y en 2025 se registró un repunte del 0,4%. Es el primer año que la cifra sube desde que existe el registro actual.

Otro dato es evidente: el desperdicio se concentra abrumadoramente en los hogares: 1.101,8 millones de kilos/litros, el 97,5% de todo lo que mide el panel del Ministerio —que cuantifica solo la fase de consumo, no las pérdidas en el campo, la industria o la distribución—, frente a los 28,1 millones que corresponden al consumo fuera de casa. Y tres de cada cuatro kilos que acaban en el cubo de la basura (el 77,5%) son productos que nunca llegaron a usarse: se tiran tal como se compraron. Frutas y verduras suponen el 46% de ese desperdicio sin cocinar; los lácteos, el 13%; el pan fresco, casi el 5%.

El 22,5% restante son restos de recetas, y ahí el informe señala un ‘culpable’ concreto: el 63% de esos platos desechados sale de la nevera, no de la cazuela. Son sobras que se guardan con la intención de aprovecharlas y terminan olvidadas y finalmente se estropean y hay que tirarlas. De hecho, el desperdicio “desde la nevera” ha crecido en 3,1 millones de kilos desde 2020, mientras el que se tira directamente al cocinar ha bajado 1,2 millones.

Lo más grave es que solemos olvidarnos de que detrás de cada kilo desperdiciado hay recursos gastados en vano. Según cálculos de Too Good To Go, lo que se tira cada día en los hogares españoles consumió más de 2.500 millones de litros de agua —el equivalente a unas 1.000 piscinas olímpicas— y la superficie de 1.200 campos de fútbol. En términos monetarios, unos 152 euros por segundo: más de 13 millones de euros al día. La estimación es de la compañía, pero encaja con los cerca de 4.745 millones de euros anuales que manejan otros análisis oficiales del sector.

La ley que ordena la cadena

El cambio normativo llegó al sector con la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada en el BOE el 2 de abril de 2025 y la primera norma estatal sobre la materia. Se apoya en una jerarquía de seis “peldaños” que obliga a agotar cada escalón antes de bajar al siguiente. Por este orden: prevenir, donar para consumo humano, destinar a alimentación animal, aprovechar como subproducto industrial, reciclar en compost y, solo en última instancia, valorizar energéticamente.

Desde el pasado 2 de abril, un año después de su publicación, son plenamente exigibles las obligaciones centrales del artículo 6: tener un plan de prevención por escrito y promover convenios de donación con bancos de alimentos o entidades sociales, salvo inviabilidad justificada. Además, la ley anula cualquier cláusula contractual que impida donar y prohíbe dejar los alimentos en condiciones que impidan aprovecharlos.

Pero conviene aclarar un matiz: la norma no obliga a toda la cadena por igual. Quedan fuera las microempresas, las pequeñas explotaciones agrarias y los establecimientos de 1.300 metros cuadrados o menos, salvo que, bajo un mismo CIF, sumen más superficie. La única obligación verdaderamente universal afecta a bares y restaurantes, que deben facilitar al cliente llevarse sin coste alguno lo que no ha consumido y anunciarlo de forma visible, preferentemente en la carta. Se salvan los bufés libres.

El régimen sancionador va desde el simple apercibimiento hasta los 500.000 euros. Por ejemplo, no aplicar la jerarquía o no donar excedentes aptos son infracciones leves, con multas de hasta 2.000 euros; carecer de plan de prevención estando obligado es grave, de 2.001 a 60.000 euros; la reincidencia en faltas graves lleva a la franja muy grave. El control corresponde a las comunidades autónomas y, casi seis meses después de que las obligaciones sean plenamente exigibles, aún no hay ningún balance público de inspecciones ni sanciones.

Desde la Administración insisten en que el objetivo no es multar. “La norma no nace como un instrumento sancionador, sino como una ley propositiva que promueve cambios en los procesos productivos, acuerdos con entidades sociales y la adopción de herramientas tecnológicas”, señala José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio. La recepción en el sector, en cambio, ha sido desigual. La patronal de supermercados Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), que cifra su índice de desperdicio en el 0,45%, advierte por boca de su director general, Ignacio García Magarzo, de que el régimen sancionador “desenfoca el origen del problema, ya que no hay ninguna medida respecto a los hogares”. En el otro extremo, Mireia Barba, presidenta de la Fundació Espigoladors —organización sin ánimo de lucro que lucha contra las pérdidas y el despilfarro alimentario—, celebra que la ley reconozca por primera vez el espigueo (recoger lo que queda en el campo tras la cosecha) porque “facilita la replicabilidad de esta técnica en todo el Estado bajo un marco jurídico claro”, aunque cree que “podría haber sido más ambiciosa en este punto”.

Quedan por aprobar el Plan Estratégico Estatal, el Plan Nacional de Control y la Metodología Común de Medición que la propia ley encarga. También hay un problema previo de conocimiento: según una encuesta reciente de Too Good To Go, solo uno de cada dos españoles sabe que la norma existe, pese a que el 99%, una vez que la conoce la respalda.

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Tecnología y datos compartidos, la clave

Para Mª Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España y de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, el hecho de que España haya reducido su desperdicio un 19% desde 2020 y se sitúe entre los países con menor tasa de la UE se debe, en gran medida, a la sensibilización social. “Se han realizado muchas campañas sobre este tema y, al final, es algo que atañe directamente al consumidor, sobre todo desde la crisis de precios de los últimos años, que ha motivado que este planifique mejor la compra y aproveche más los alimentos” explica la experta a Revista Haz. A ello suma la profesionalización de la cadena —mejor logística, control de stocks y gestión de las fechas de caducidad—, el impulso normativo, “sin duda uno de los mejores aliados de esta reducción”, y el avance tecnológico en producción, conservación y comercialización.

Ley y campañas son, en su opinión, complementarias. “Aunque la ley regula a las empresas y tiene un efecto obligatorio sobre ellas, más de la mitad del desperdicio de toda la cadena se genera en los hogares, donde no se puede legislar. Por eso las campañas de concienciación son clave: aportan una dimensión educativa sobre cómo conservar los alimentos en buen estado, cómo aprovecharlos o qué diferencia hay entre fecha de caducidad y consumo preferente”, remarca Díaz.

Mirando al resto de la UE, Díaz cree que España tiene todavía algunos aprendizajes que incorporar, empezando por la medición homogénea a lo largo de toda la cadena y no solo en los hogares, como ocurre en los Países Bajos. “España debería aspirar a medir todos los eslabones con el mismo rigor y a reducir también las pérdidas en origen”, alerta.

En su opinión, la tecnología tiene un papel decisivo porque permite actuar en cada eslabón de la cadena alimentaria. “En el campo, por ejemplo, se pueden aplicar sistemas de teledetección y modelos predictivos para ajustar la producción a la demanda y cosechar en el momento óptimo, además de mejores técnicas de poscosecha” explica, y subraya que “la tecnología funciona mejor si va acompañada de datos compartidos, de formación y de un enfoque de sistema, porque el desperdicio rara vez tiene una sola causa”.

Mientras, el reloj corre. La Directiva (UE) 2025/1892, en vigor desde octubre de 2025 —y que España debe trasponer antes del 17 de junio de 2027—, fija por primera vez objetivos vinculantes para 2030: reducir un 10% el desperdicio en transformación y fabricación y un 30% per cápita en el conjunto de distribución, restauración y hogares. Y la referencia no es 2020, sino la media de los años 2021 a 2023. Con los datos de Eurostat, ese agregado español rondaba los 39 kilos por habitante en el trienio de base, de modo que habría que bajar a unos 27,5 en 2030. Los hogares descienden, pero el desperdicio del comercio minorista ha pasado de 6 a 9 kilos, así que esta tendencia no garantiza nada.

Más difícil todavía es el objetivo que España se ha fijado a sí misma. La propia Ley 1/2025 asume el compromiso del ODS 12.3: reducir a la mitad el desperdicio per cápita en venta minorista y consumo para 2030 respecto a 2020, y un 20% las pérdidas en producción y suministro. Eso significaría bajar de los 1.130 millones de kilos actuales a unos 700. Tras haber recortado un 19,2% en cinco años, harían falta otros 30,8 puntos en los cinco siguientes. Al ritmo actual, no parece que vaya a ocurrir.

Educar y formar

La vía educativa es la apuesta en la que coinciden todos los eslabones de la cadena. De hecho, el mismo día que presentó su informe, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relanzó la campaña “Aquí no se tira nada”, un lema que utiliza desde 2021 y que este año se integra en la plataforma “España sabe”, de difusión nacional, con un mensaje deliberadamente doméstico: apostar por planificar la compra, conservar bien y aprovechar lo que ya hay en casa.

Las aplicaciones móviles empujan en la misma dirección, al poner el cambio al alcance de un clic de nuestro móvil. Too Good To Go ha cumplido ocho años en España con 11 millones de usuarios y 25.000 establecimientos asociados; desde su llegada se han “salvado” más de 38 millones de packs sorpresa, equivalentes a más de 38.000 toneladas de alimentos. Solo en 2025 fueron 7,5 millones de packs —más de 14 kilos rescatados cada minuto—, con un ahorro para los usuarios superior a 280 millones de euros y unas 102.000 toneladas de CO₂ equivalente evitadas.

“Aunque hemos avanzado en la reducción del desperdicio alimentario en los últimos años, las cifras muestran que todavía queda mucho por hacer”, señala Marie Lindström, directora general de la compañía en España, que recuerda que el desperdicio alimentario es responsable de en torno al 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y una de las cinco áreas prioritarias que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) identifica para acelerar la acción climática. Sobre la nueva norma, Lindström añade que “la tecnología desempeña un papel clave para ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo marco normativo y convertir este compromiso en acciones concretas”.

En paralelo, la red solidaria absorbe una parte del excedente. Los 54 bancos de alimentos federados en Fesbal distribuyeron 106.307 toneladas en 2025 a través de 5.789 entidades sociales y atendieron a 930.412 personas; dos de cada tres kilos procedían de excedentes recuperados en la cadena. La Federación ha lanzado PlanB, una plataforma digital ya operativa en 30 bancos para canalizar donaciones bajo el nuevo marco legal. El contraste sigue siendo brutal: se tiran 1.130 millones de kilos mientras el 25,7% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El desperdicio alimentario ha dejado de ser únicamente una cuestión ética o medioambiental: es también un desafío económico, social y cultural que interpela directamente a empresas, administraciones y ciudadanos”, apunta Daniel Lois, director de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Sodexo Iberia, dedicada a los servicios de restauración para hospitales, colegios y comedores corporativos. “Hemos vivido una época de falsa abundancia en la que no existía conciencia del desperdicio ni del coste de los recursos, porque no se medía ni se cuantificaba el daño generado. Hoy sabemos que gran parte de esos residuos puede evitarse mediante organización, medición, tecnología y, sobre todo, voluntad”, defiende.

La clave, insiste, está en medir: “conocer en qué fase se produce el desperdicio —en la planificación, en la producción o en el consumo— permite identificar patrones y actuar con precisión”, afirma.

Pero los números no bastarán. “El cambio real solo será posible si se produce también una transformación cultural. Necesitamos consumidores más conscientes, organizaciones más comprometidas y profesionales preparados para afrontar este desafío desde una perspectiva transversal”, concluye.